Pese al atentado en su contra, alcalde de Totoró, Cauca, Jorge Luis Pizo, denunció que sigue sin protección de la UNP

Totoró, municipio del Cauca, se enfrenta a una alarmante situación de seguridad. En la noche del 26 de agosto de 2024, el alcalde del municipio, logró salir ileso de un ataque armado mientras se desplazaba por una carretera que conecta El Tambo con Popayán, un área conocida como Río Hondo. Este hecho sirve como un recordatorio del clima de violencia en la región.

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El alcalde, que se encontraba acompañado de sus escoltas en el momento del incidente, expresó su preocupación de manera contundente. “Este hecho nos preocupa como alcaldes, nos preocupa como mandatarios de un departamento donde es difícil la situación de gobernar en medio de un conflicto y en medio de una situación bastante preocupante que nos coloca en alerta para poder nosotros proteger nuestras vidas”, afirmó Pizo en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Además, Pizo aseguró, en la misma entrevista, que le ha rogado a la UNP por protección, pero la entidad se niega y asegura que no hay recursos.

Esta agresión no es un evento aislado en la región del Cauca. Totoró, al igual que otras localidades del departamento, ha sido escenario de numerosas amenazas y actos de violencia dirigidos contra líderes sociales y comunitarios. Este patrón de agresiones pone en relieve la precariedad de la seguridad en la zona y la urgente necesidad de medidas de protección más efectivas para los funcionarios locales y sus habitantes.

Pese a los esfuerzos de las autoridades de seguridad en llevar a cabo operativos contra los grupos armados en Cauca, los recursos y la capacidad de estas entidades siguen siendo insuficientes. La Unidad Nacional de Protección (UNP), responsable de coordinar y ejecutar medidas de protección, ha sido criticada por su falta de respuesta adecuada. Diversas organizaciones de derechos humanos, líderes sociales y entes regionales han manifestado su descontento ante la UNP y su gestión, afectados por casos de corrupción y mal uso de los recursos destinados a la protección.

El conflicto armado en la región, alimentado por la falta de una estructura de seguridad eficiente y robusta, sigue amenazando la vida de numerosos líderes. La situación de inseguridad no sólo afecta el bienestar de estos funcionarios, sino que también compromete la estabilidad y desarrollo de los municipios del Cauca.

La situación de seguridad en el departamento de Cauca ha alcanzado niveles críticos en 2023, con el 67% de sus municipios enfrentando un alto riesgo de seguridad debido a la presencia y actividades de grupos armados ilegales. Este año se han registrado 123 alteraciones del orden público, que incluyen ataques directos contra la población civil y enfrentamientos con las fuerzas del Ejército Nacional de Colombia.

• Grupos armados activos en la región

Entre los actores principales que contribuyen a este clima de inseguridad se encuentra la estructura armada conocida como Dagoberto Ramos, junto con otros grupos ilegales. La influencia y control que estos grupos ejercen en Cauca dificulta la vida cotidiana de los habitantes y obstaculiza las labores de las autoridades para mantener la paz y el orden en el territorio.

• Necesidad urgente de intervención

Frente a esta preocupante realidad, se muestra la urgencia de implementar medidas efectivas que garanticen la protección y seguridad de la población civil. Las autoridades y organizaciones de derechos humanos resaltan la importancia de proteger la integridad física y emocional de los ciudadanos que se encuentran atrapados en medio de estos conflictos.

• Impacto en la población y el territorio

La violencia armada no solo genera un impacto directo en las víctimas, sino que también una serie de consecuencias sociales y económicas. Muchas comunidades han sufrido desplazamientos forzados, pérdida de cultivos y deterioro de infraestructuras vitales, agravando así la situación de vulnerabilidad.

• Llamado a la acción

La situación en Cauca demanda una respuesta inmediata y coordinada por parte de las instituciones del Estado y la comunidad internacional. Solo a través de un esfuerzo conjunto y con la aplicación de estrategias integrales se podrá conseguir el restablecimiento del orden y la paz en este territorio golpeado por la violencia.