A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro negó que en Colombia exista escasez de medicamentos, asegurando que la falta de acceso a fármacos se debe a un supuesto acaparamiento por parte de los sectores privados.
“Esconder los medicamentos es un crimen. Todo empleado de empresas donde se realiza acaparamiento de medicamentos en contra de los pacientes tiene el deber de denunciarlo a la Superintendencia de Salud”, afirmó el jefe de Estado.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
El mandatario también indicó que los sucedido lleva a “antipatías” y provoca una especulación sobre los precisos en los medicamentos.
“El incremento de tutelas tiene que ver con la tardanza en la entrega de medicamentos y resulta que no se debe a escasez en el mercado sino a una política deliberada de empresas de salud para provocar antipatías y especular con los precios”, aseveró el presidente Petro.
La publicación del presidente Gustavo Petro lo hizo compartiendo el video donde se ve al superintendente de salud, Luis Carlos Leal, en medio de la visita sorpresa que realizó a una de las sedes de Audifarma en Bucaramanga.
En la producción audiovisual se puede observar al funcionario recorrer la farmacia, preguntando sobre los medicamentos y cuánto tiempo debían esperar.
En el video se escucha cómo uno de los usuarios asegura que necesita pañales, pero en ese momento, uno de los trabajadores de Audifarma responde que será enviada al hogar de la persona. Al respecto, el superintendente manifestó lo siguiente: “Si están acá, ¿por qué no se los damos?”
Desde hace varias semanas se han presentado casos de usuarios que no pueden acceder a las fórmulas médicas recetadas por los médicos de las EPS. A pesar de ello, el presidente Gustavo Petro y su Gobierno han insistido en la hipótesis de que en Colombia no hay escasez de medicamentos.
En cuanto a la situación de las EPS, Famisanar y Sanitas, intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, hicieron compromisos de pago por 723.562 millones con sesenta clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos que operan en Bogotá y en el departamento de Cundinamarca.
El compromiso de las EPS son el resultado de la jornada de conciliaciones realizadas la semana del 5 de agosto al 9 de agosto de 2024 realizadas por la Supersalud.
“Ya comenzamos a ver los frutos económicos de las intervenciones que ordenamos hace unos meses sobre EPS que no pagaban oportunamente sus obligaciones. En esta ocasión un número importante de prestadores del centro del país han recuperado y conciliado recursos que les debían estas dos EPS. Este alivio financiero permite dinamizar los pagos y mejorar los servicios a los usuarios”, indicó el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita.
De acuerdo con la Supersalud, también se logró saldar una cuantiosa deuda pendiente entre la EPS Sanitas y Droguerías Cruz Verde, por un valor de 648.071 millones de pesos, suma que esta gestora farmacéutica venía reclamando desde antes de la intervención de la EPS por parte de la Supersalud.
La Superintendencia Nacional de Salud indicó que frente a la red pública, durante la jornada de conciliaciones se logró un total de 15 hospitales públicos de Cundinamarca, así como uno de Bogotá y la Subred Integrada de Servicios del Sur Occidente de la capital.
“El mayor acuerdo correspondió al logrado por el hospital La Samaritana, de Bogotá, con 7.461 millones; pero también hubo pagos y conciliaciones que dejaron recursos para los hospitales de Facatativá, Fusagasugá, Cáqueza, Pacho, La Vega, Madrid, Sopó, El Colegio, Tabio, Nemocón, Mosquera, Silvania, Tocaima, Chocontá y Sasaima”, precisó Supersalud.
Y agregó: “Entre las IPS privadas que concretaron acuerdos o evidencias de pago (desistimientos), se encuentran las clínicas del Occidente, Shaio, Centenario y la Colina, la Fundación Santafé de Bogotá, la Fundación Hospital San José, y el hospital Universitario San Ignacio”.
La Supersalud también detalló que la dirección de Conciliaciones de la Supersalud diseñó esta jornada especial y presencial para que estas EPS intervenidas que operan en el centro del país suscribieran acuerdos y trabajaran en la depuración de cartera con sus prestadores y proveedores.