Gobierno aceptó firmar un decreto para darle gusto a la minga indígena que presiona en Bogotá: podría afectar a los campesinos

Desde hace varios días comunidades indígenas están asentadas en Bogotá con el fin de presionar al Gobierno para lograr una serie de acuerdos y compromisos institucionales que mejoren sus condiciones de vida en varios departamentos del país, especialmente en el sur de Colombia.

Como consecuencia de estos acercamientos entre Estado y autoridades indígenas el Gobierno aceptó firmar un decreto denominado Autoridades Territoriales Económico Ambiental (Atea).

El presidente Gustavo Petro hizo el anuncio el 27 de agosto a través de las redes sociales: “El decreto ATEA está listo. Es un acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca y su organización el CRIC. Un paso adelante en la concertación social. Ahora es importante lograr el gran pacto interétnico que permita un verdadero poder popular en el departamento, y la paz”.

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Uno de los primeros colectivos en reaccionar a la noticia es la Agencia Nacional Campesina, que señalan que este nuevo marco normativo podrían intensificar conflictos y tensiones entre campesinos e indígenas.

A través de una comunicación oficial de la Agencia Nacional Campesina se señala que “esto solo aumentará la intensidad de los conflictos por la tierra, el territorio y la autoridad entre campesinos e indígenas Insistimos en un pacto intercultural por el territorio”.

La preocupación tiene su raíz en que los campesinos consideran que podrían quedar subordinados a los indígenas, teniendo en cuenta que zonas agrícolas están ubicadas en zonas de reserva forestal y baldíos que quedarían en poder de las autoridades indígenas.

“Quedamos subordinados al CRIC del Cauca. La ruta debe ser el diálogo intercultural, sin imposiciones”, señalan.

El documento de la ANC va dirigido específicamente al presidente Gustavo Petro. Consideran que determinaciones como estas se toman al margen de un conocimiento real de la convivencia en territorios rurales. “Nos preocupa la postura del CRIC en territorios interculturales donde conviven comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, pretendiendo homogeneizar y desconocer a otras comunidades excluidas, vulnerables y discriminadas. Estas pretensiones territoriales podrían generar graves conflictos sociales, afectar la convivencia pacífica entre las comunidades negras, indígenas y campesinas de Colombia”, añaden.

Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca se han emitido algonas respuestas, fundamentalmente a través de comunicados y redes sociales, para evitar lo que consideran una “desinformación”, pues señalan que no quieren pasar por encima de las comunidades con las que históricamente han convivido en zonas rurales, dando prioridad a la protección de los recursos naturales.

“Las comunidades indígenas hemos protegido los espacios de vida, como los afluentes de agua, durante décadas sin recibir retribución alguna. Ahora, con el Gobierno del Cambio, se busca coordinar una mayor protección de estos espacios por parte de nuestras comunidades con el decreto ATEA. Es absurdo pensar que negaremos el acceso al agua a las comunidades interétnicas con las que siempre hemos convivido”, exponen.

Añadieron, a través del consejero Conda, que “nosotros queremos dejar claro que siempre estaremos abiertos al diálogo y que lo acordado solo tiene efecto en nuestros territorios ancestrales. No pretendemos regular otros territorios”.

En la mañana del martes 27 de agosto, el Gobierno de Gustavo Petro radicó en la Comisión Primera del Senado de la República el proyecto de ley ordinaria de jurisdicción agraria, que busca establecer competencias y procedimientos para que jueces y magistrados se hagan cargo de conflictos agrarios y rurales en el país.

Tres fueron los ministros que asistieron al Congreso colombiano para radicar el texto: Juan Fernando Cristo (Interior), Ángela María Buitrago (Justicia) y Martha Carvajalino (Agricultura).

Para Juan Fernando Cristo, este proyecto es fundamental en la implementación total del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre Gobierno y Farc-EP, en el que la reforma agraria es el principal capítulo del texto.

“Interpreta y representa cabalmente el compromiso del Gobierno del presidente Petro con el campo colombiano, con la reforma rural y la reforma agraria, como elemento fundamental e indispensable para avanzar en el propósito de lograr una mayor igualdad en la sociedad y cerrar las brechas entre el campo colombiano y los centros urbanos del país”, señaló el funcionario.