El CNE evaluará la ponencia sobre cargos a Gustavo Petro por irregularidades en su campaña: esta es la fecha

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Maritza Martínez, confirmó que la Sala Plena del CNE se reunirá el jueves 29 de agosto para estudiar la ponencia que sugiere formular cargos contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y Ricardo Roa, el gerente de su campaña presidencial y actual presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022.

Además de los implicados directamente, se investigará a la organización Colombia Humana, a los auditores de la campaña y a las agrupaciones que formaron parte de la coalición del Pacto Histórico, que apoyó la candidatura presidencial, por presuntas violaciones electorales en varios aspectos.

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Estos incluyen: el pago no reportado a 60.000 testigos electorales, el financiamiento de vuelos a través de una empresa privada que tampoco fue reportado, los gastos en publicidad no documentados y las contribuciones de 500 millones de pesos realizadas por el magisterio, así como una donación de la Unión Patriótica. Estos elementos constituyen el núcleo principal de las acusaciones formuladas por los magistrados.

Según los informes entregados al CNE, la campaña de Gustavo Petro se aproximó a los límites máximos establecidos para los gastos. En la primera vuelta, la campaña reportó gastos de 28.384 millones de pesos, ligeramente por debajo del límite de 28.536 millones de pesos. En la segunda vuelta, los gastos fueron de 13.169 millones de pesos, también por debajo del tope de 13.347 millones de pesos.

Entre los temas que examina el organismo está un dinero no reportado en la campaña en el Caribe, revelado tras las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del presidente. También se investiga el papel de Xavier Vendrell por sus pagos como estratega y por la supuesta compensación a testigos electorales voluntarios, que no aparece en las cuentas oficiales de la campaña.

La ponencia, presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, es un nuevo desarrollo en el expediente que investiga posibles irregularidades en los fondos utilizados durante la campaña presidencial de Petro. Este documento se había mantenido en suspenso, pero ahora se reactivará con el estudio detallado de la propuesta.

En declaraciones a la prensa, la presidenta Martínez indicó que existe la posibilidad de que el CNE tome una decisión el jueves: “Ya veremos qué tanto se avanza en el estudio, análisis y votación de este asunto. Claro que podría haber decisión, es uno de los escenarios, podría no haberla también, dependiendo de la postura de los magistrados, pero el asunto ya está en el orden del día de la sala plena de mañana”.

Sin embargo, el proceso podría enfrentar complicaciones debido a la falta de dos magistrados en el CNE. Altus Baquero aún no ha sido oficialmente notificado de la decisión del Consejo de Estado que aprobó su nombramiento, mientras que la magistrada Alba Lucía Velásquez se encuentra incapacitada. Esta situación podría afectar la capacidad del tribunal para adoptar decisiones por mayoría calificada.

“Sería complejo, nosotros tenemos que adoptar decisiones por mayoría calificada y la dinámica de la sala será la que nos indique si el número de magistrados que hay nos permite avanzar en su estudio”, explicó Martínez.

Varios medios de comunicación tuvieron acceso a un documento de 350 páginas que confirma la intención de formular cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntas omisiones administrativas sancionables por la ley.

Además, en él se puede leer que decidieron procesar a Gustavo Petro en su calidad de candidato y no como jefe de Estado, dado que el CNE no tiene competencia para juzgar al mandatario en funciones.

La decisión de continuar con esta línea de acción se basa en un reciente dictamen del Consejo de Estado, que establece que el CNE tiene la autoridad para investigar la campaña presidencial y formular cargos al candidato, pero que las acciones contra el jefe de Estado están reservadas para la Comisión de Acusación de la Cámara.

El documento también detalla que se rechazó las solicitudes de nulidad y archivo presentadas por los abogados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Ulises Evaristo Durán Porto, como se indica en el artículo “décimo octavo” de la ponencia.