Casi la mitad de los estudiantes que se gradúan de la universidad en Colombia, no consigue trabajo durante el primer año: cuál es la razón

La creciente distancia entre los jóvenes que se gradúan de sus carreras y aquellos que logran asegurar un empleo en su primer año postgraduación ha generado preocupación.

Un estudio de la Universidad Javeriana indica que solo el 39,7% de los estudiantes accede de inmediato a la educación superior.

De los quinientos mil que se gradúan anualmente, apenas el 52% consigue trabajo en su campo de estudio durante su primer año, según datos de María Isabel Carrascal, gerente de Educación, Empleo y Fomento Empresarial en Compensar.

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Este problema se agrava al observar la tasa de desempleo juvenil, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se incrementó al 17,7% entre abril y junio de 2024. Esta desconexión entre la oferta académica y las demandas del mercado laboral afecta gravemente la productividad del país.

De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad, la productividad laboral en Colombia apenas crece a un ritmo del 1% anual o incluso menos.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) ha destacado a Colombia como el país con el desempeño más bajo en términos de productividad entre sus miembros. En su último informe, la Ocde señaló que el PIB por hora trabajada en Colombia es de solo $20,5, en comparación con los $162,5 de países desarrollados como Irlanda.

Este escenario pone de manifiesto la necesidad urgente de alinear mejor la educación superior con las demandas del mercado laboral para impulsar la eficiencia y el crecimiento económico del país.

En un avance para la educación superior en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia (Unal) ha escalado hasta el puesto 844 en el Ranking Académico de Universidades del Mundo (Arwu por sus siglas en inglés) 2024, siendo así la única universidad colombiana en ubicarse dentro de las 1.000 mejores del mundo.

Este ranking, creado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, evalúa anualmente a 2.000 instituciones académicas a nivel mundial, destacando aquellas con los mejores indicadores en calidad académica e investigativa.

El Arwu utiliza varios criterios para su evaluación, incluyendo el número de investigadores altamente citados, la publicación de artículos en revistas científicas destacadas como Nature y Science, y el volumen de publicaciones indexadas en la base de datos Web of Science (WOS).

Según el análisis realizado por la Vicerrectoría de Investigación (VRI) de la Universidad Nacional, la mejora en su posición se debe en gran parte a los avances en sus indicadores de producción investigativa.

Específicamente, la universidad publicó cinco artículos en Nature y cuatro en Science entre 2018 y 2022, logrando un puntaje de 5,5 en la medición del Arwu 2024, en comparación con los 3,8 puntos obtenidos en la edición del año anterior.

Destacan también en el ámbito colombiano otras instituciones como la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario por su destacada calidad académica e investigativa.

Durante la última sesión del Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), que se celebró en la Universidad de La Guajira en Riohacha, los principales representantes de las universidades públicas de Colombia manifestaron su apoyo a la iniciativa de un Acuerdo por la Educación Superior.

Según el medio La Patria, dicha reunión fue considerada por el Ministerio de Educación Nacional como un espacio crucial para la creación de políticas y el fortalecimiento del sistema universitario público.

El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, quien también estuvo presente en el evento, indicó que los rectores evaluaron el progreso hacia una reforma integral de la Ley 30 y se comprometieron a continuar avanzando en un acuerdo nacional que defina prioridades, metas y estrategias conjuntas para mejorar la calidad y sostenibilidad del sistema educativo.

Además, según Moreno Patiño, se conformó una primera comisión encargada de contribuir al debate regional sobre la modificación de los artículos 86 y 87 de la mencionada ley, con el objetivo de asegurar una financiación adecuada para las instituciones públicas de educación superior.