En qué consiste la “ley para la austeridad pública”, que propuso el representante del Pacto Histórico David Racero: ahorraría más de $3 billones

En medio de la discusión por el Presupuesto General de la Nación para el 2025, cuyo monto es de 523 billones de pesos, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero, radicó en la secretaría de la corporación un proyecto de ley que pretende establecer recortes de gastos de funcionamiento y adquisición de bienes y servicios en las instituciones públicas.

Durante la presentación, el congresista sostuvo que el proyecto denominado ‘Ley Anti-derroche’ busca ahorrar más de 3,1 billones de pesos en estos aspectos, y que serán destinados a la inversión social.

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Igualmente, señaló que, aunque la austeridad se contempla en decretos presidenciales, estos no tienen posibilidades de seguimiento veraz y oportuno.

“Con la Política de Estado de Austeridad Pública se podrá hacer seguimiento al cumplimiento de la meta de lograr un ahorro del 5 por ciento en el presupuesto de Funcionamiento y Adquisición de bienes y servicios, junto al control de esquemas de seguridad, pensiones para expresidentes y control de privilegios para los grandes asalariados del sector público, se cumplirá la meta que para 2025 es de 3.1 Billones de Pesos”, explicó Racero.

Añadió que “una política de austeridad pública en función de la garantía progresiva de derechos fundamentales, en contraposición la austeridad neoliberal que busca recortes a los programas sociales en favor del derroche”.

También señaló que la iniciativa tiene como referente la política de austeridad de México, que “está ahorrando cada año 200 mil millones de pesos mexicanos, lo que representó un 3,2 por ciento del Presupuesto (en valores de 2018), representados principalmente en ahorro de uso de combustibles, beneficios laborales extraordinarios altamente concentrado en los funcionarios de alto rango, como aguinaldos, primas, condecoraciones, entre otros”.

De otro lado, el congresista del Pacto Histórico resaltó que, en el gobierno de Iván Duque, “Colombia creció a punta de deuda, pasando del 49 por ciento en 2019 a 58 por ciento representado en 200 billones de pesos, deuda que está pagando este Gobierno”.

Mencionó que “en 2023 se pagó 75 billones de pesos, en 2024 serán 95 billones de pesos y 2025 serán 112 billones de pesos. El pago de deuda externa pasó de 53 billones de pesos en 2020 a 112 billones de pesos en 2025, un crecimiento 110 por ciento y por su parte el presupuesto total crece apenas un 69 por ciento”.

Finalmente, David Racero insistió en que los montos recaudados por gastos de funcionamiento y adquisición de bienes y servicios en las instituciones podrían ser direccionados a la inversión social.

“Todo lo que el país ahorre en la política de austeridad pública deberá ser dirigido a inversión social, obligando a los Gobiernos nacionales a respetar este rubro y no comprometerlo en el pago de deuda pública. ¡Un país que invierte en su gente es un país en camino al crecimiento con equidad!”, concluyó.

El proyecto de ley llega en un momento donde hay serias divisiones en el legislativo frente al proyecto de ley 090, correspondiente al Presupuesto General de la Nación para el año 2025, que proyecta ingresos y egresos que totalizan 523 billones de pesos, de los cuales el 62 por ciento se destina a gastos de funcionamiento, el 21 por ciento al pago de la deuda y solo el 16 por ciento a la inversión.

En este último aspecto, varios sectores se mostraron preocupados por la situación, como es el caso de la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, quien asegura que los ingresos proyectados por el Gobierno, de acuerdo con la propuesta, alcanzan los 315 billones de pesos, pero que menciona que hay discrepancias importantes en las cifras presentadas.

“El Gobierno plantea que recaudará 315 billones de pesos, pero hay una gran contradicción porque el mismo Gobierno en junio 15 al presentar el marco fiscal dijo que se recaudaría 258 billones de pesos no hubo ningún milagro para que en un mes de junio a julio se aumentará 58 billones de pesos quiere decir que nuestro problema como Estado es mucho mayor otro problema en las cuentas alegres que está haciendo el Gobierno”, explicó Lozano en un video publicado en sus redes sociales.

También, el representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, Mauricio Parodi, criticó que “mientras los gastos de funcionamiento y la burocracia han crecido más del 50 por ciento en los últimos dos años, sumando más de 100 billones de pesos, el Gobierno planea una nueva reforma tributaria para recaudar $12 billones adicionales, afectando aún más a los colombianos”. Por ahora, el presupuesto sigue en discusión por las Comisiones Económicas del Congreso de la República.