Se le cae otra mentira de Petro tras haber culpado a las empresas del precio de la energía: esto aclararon los gremios

Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia reaccionaron, de manera conjunta, a las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro, el 25 de agosto de 2024, y en las que hizo varias acusaciones contra las empresas del sector.

Según el mandatario, en una alocución, “las empresas pueden fijar el precio de la energía, según el mercado, lo que les permite especular”. Entre otras cosas, señaló que una empresa en Colombia puede producir energía a un costo bajo y venderlo a un precio mucho más alto ligado a tarifas que tienen que ver con tecnologías muchísimo más ineficientes.

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“Puede vender, digamos, a $5.000. Entonces, entre $1.000 y $5000 se gana $4.000. Esto solo ocurre aquí en Colombia, debido a regulaciones que favorecen a las grandes compañías y no a la gente, como ordena la Constitución de Colombia”, precisó.

Para los gremios, esto es impreciso. En primer lugar, aclararon que en ningún momento ni los usuarios ni sus comercializadores llegaron a pagar valores de $5.000 por una hora de kilovatio (kWh) por generación de energía.

“La energía que se compra para atender los usuarios residenciales se abastece en promedio en un 80% a través de contratos, precio que en el último año (julio 2023 a julio 2024) ha estado en promedio alrededor de $296 kWh, y el 20% restante se compra en la bolsa, que en promedio ha estado en alrededor de $583 kWh en el mismo periodo”, precisaron en un extenso comunicado.

Por otro lado, señalaron que también es impreciso decir que la tarifa de generación esté ligada a tecnologías ineficientes. Al respecto, manifestaron que los precios en la bolsa de energía se basan en criterios técnicos y económicos que buscan garantizar la sostenibilidad del sistema energético, y reflejan las condiciones del mercado de energía eléctrica.

Asimismo, ratificaron que se requiere garantizar una mayor oferta facilitando la entrada de nuevos proyectos, tanto los que están en desarrollo (que ya tienen atrasos de más de cuatro años y de la Colectora que faltan aún dos años), como la ejecución de subastas para la nueva capacidad que necesita ser instalada, lo que contribuirá a una mayor eficiencia y competitividad en la formación de precios.

Los mismos también se refirieron a que el mandatario apuntó que cinco empresas controlan y alteran los precios de la energía a su favor. Además, que la fórmula tarifaria está hecha para favorecer a los pocos que generan energía y para perjudicar a los usuarios.

Ante esto, respondieron que no es correcto. Explicaron que la fórmula tarifaria está diseñada por la Creg en cumplimiento de las funciones otorgadas en el Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 (régimen de los servicios públicos domiciliarios), justamente para asegurar que los usuarios puedan recibir el cobro de costos eficientes de energía, y evitar prácticas discriminatorias, abusivas o restrictivas en el mercado frente a la participación de pocos agentes, en línea con el artículo 34 de la Ley 142 de 1994.

“Sectores como Este, que requiere inversiones que superan los $10 billones anuales, con expectativas de retorno de más de 20 años, suelen ser atractivos para pocos, y para ello se deben fijar reglas claras para asegurar que nueva oferta de energía llegue, ya sea a través de las empresas existentes, nuevas o esquemas asociativos como las comunidades energéticas”, precisaron.

Recordaron que en Colombia existen regulaciones y mecanismos de supervisión para garantizar la competencia en el mercado donde hoy participan en igualdad de condiciones empresas públicas, privadas y mixtas. Sobre la participación cruzada entre las empresas generadoras, aclararon que estas no comparten socios de carácter privado.

Mencionaron que el objetivo de la fórmula, así como el interés de las empresas del sector, ha sido y seguirá siendo aportar al bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Insistieron en que las fórmulas tarifarias están diseñadas para cubrir los costos y asegurar la inversión en infraestructura, en términos competitivos e incentivando el capital necesario.

Puntualizaron que los gremios no apoyan conductas contrarias a la ley, como tampoco declaraciones sin sustento ni previas investigaciones, por lo cual instamos al Gobierno nacional a que de encontrarse alguna evidencia de ello, se adelanten las investigaciones y acciones pertinentes, como corresponde.