El representante a la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Ocampo presentó una nueva versión del proyecto de ley ‘borrón y cuenta nueva 2.0′.
De acuerdo con el congresista, la iniciativa sigue con el esquema de la Ley 2157 del 29 de octubre de 2021, pero pretende extender por un año el régimen de transición que permite la eliminación de reportes negativos de la base de datos de centrales de riesgo para quienes paguen sus deudas.
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“Esta iniciativa pretende extender el régimen de transición y eliminar los reportes negativos de quienes paguen sus deudas de las bases de datos de centrales de riesgo. Con lo que esperamos beneficiar a más de 7 millones de colombianos”, expresó Ocampo.
La extensión de la ley que entró en vigor el 29 de octubre de 2021 hasta el 30 de octubre de 2022, tiene como objetivo aliviar la situación financiera de las personas afectadas por la pandemia del covid-19.
La iniciativa pretende incentivar el pago de obligaciones atrasadas mediante la eliminación inmediata de los reportes negativos en las centrales de riesgo, sin necesidad de llevar a cabo una solicitud adicional.
“Nuestro proyecto de ley busca la extensión de este beneficio por un año más con el retiro inmediato de los reportes negativos con miras a incentivar el acceso al crédito, la democratización del mismo, el apalancamiento de proyectos de generación de empleo, de acceso a vivienda, proyectos de construcción y el crecimiento empresarial”, aseveró Ocampo.
Este proyecto de ley se había hundido en el Congreso de la República en la segunda legislatura. Sin embargo, ahora se tramitará nuevamente en la Cámara de Representantes. Según el representante del Pacto Histórico, la propuesta da cumplimiento a la actual situación económica del país.
Ley ordinaria de Jurisdicción Agraria
En el Salón de la Constitución del Congreso de la República, el Gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Agricultura, radicó nuevamente la ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria, con el que se les otorgará a los jueces y magistrados del país la potestad de resolver de manera exclusiva y especializada los conflictos agrarios y rurales en el país.
En el acto, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que esta propuesta responde a uno de los compromisos incluidos en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.
“Queremos que la Jurisdicción Agraria elimine las barreras que tienen los actores rurales y comunidades étnicas en el acceso a la justicia”, expresó la jefa de la cartera.
Así mismo, la funcionaria señaló que la iniciativa “resolverá por la vía institucional la tenencia de la tierra, y podemos sustraer del control de los actos violentos que se encuentran en el país”.
“Los jueces agrarios tendrán facultades para acceder a sistemas de información del Estado y solicitar documentos necesarios, manteniendo las facultades existentes en la legislación actual”, precisó la ministra de Agricultura.
También, Carvajalino invitó a los congresistas para que respalden la iniciativa, y respondió a los cuestionamientos de varios sectores que aseguraban que se incluía el concepto de expropiación express.
“Los bienes acaparados volverán al dominio del estado y respetaremos la propiedad privada. Esperamos que en el Congreso aíslen los miedos, que no sea el terror el que defina el rumbo de la justicia agraria. Tenemos la disposición del Gobierno para discutir cada uno de los artículos que con rigor técnico construimos con todos”, comentó.
De otro lado, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, mencionó que la ley ordinaria de jurisdicción agraria “salda una deuda histórica con el campo colombiano, especialmente en los territorios olvidados”
“Seguimos apostándole a la legalidad, hemos tratado de socializar este proyecto con todos los actores del país. Insistimos, no crean en las informaciones que buscan generar desinformación. Léanlo, asúmanlo y entiéndalo desde una construcción jurídica”, expresó la jefa de cartera de justicia.
Finalmente, Juan Fernando Cristo instó a los senadores y representantes para que se priorice la ley de jurisdicción agraria en la agenda legislativa. “Pido al Congreso que de manera rápida se aborde este tema, con el objetivo de agilizar la implementación del acuerdo y la reforma agraria”, puntualizó.
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