Paloma Valencia criticó iniciativa agraria de Petro, la calificó de “amenaza para la propiedad de la tierra”

En medio del debate nacional sobre la nueva propuesta de la jurisdicción agraria, la senadora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, se convirtió en una de las voces más críticas frente a esta iniciativa del Gobierno. La legisladora expresó su rechazo enérgico, con el argumento de que este proyecto representa una amenaza para la propiedad de la tierra, la inversión en el campo colombiano, y la estabilidad del sector agropecuario.

El proyecto determina las responsabilidades de los jueces especializados en temas agrarios y especifica los conflictos que estarán bajo su jurisdicción, tales como disputas sobre la propiedad y uso de la tierra, derechos de servidumbre agrícola, la delimitación de terrenos rurales, y los problemas que puedan surgir de las actividades productivas en el sector agrario, entre otros aspectos.

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En este sentido, la senadora inició su crítica con un contundente mensaje en la red social X y posteriormente profundizó su postura a través de un video en el que expuso detalladamente sus preocupaciones. Según Valencia, la propuesta de jurisdicción agraria tiene como consecuencia directa la legalización de las invasiones de tierra, lo que, a su juicio, provocará que los actuales inversores en el sector agrario sienta “pánico” debido a la incertidumbre jurídica que generará el nuevo marco normativo.

Paloma Valencia resaltó que el proyecto establece que si una persona invade un terreno y cultiva productos agrícolas de subsistencia, ni siquiera un juez podrá desalojarlo. “El Gobierno acaba de erradicar su proyecto más grave en lo que se refiere a la propiedad de la tierra y al desarrollo agropecuario de Colombia”, señaló, haciendo énfasis en lo que considera un ataque directo a la seguridad jurídica de los propietarios rurales.

Otro punto de crítica fue la inclusión de una disposición que, según la senadora, permite una especie de expropiación bajo la figura de “justicia y equidad en la tenencia de la tierra”. Esto, explicó, podría aplicarse a todos los negocios relacionados con el sector agrario, extendiendo su impacto incluso a supermercados que compran productos a los campesinos, que también quedarían sujetos a la jurisdicción agraria.

La senadora opositora también expresó su preocupación por la falta de claridad en las normas que regirán esta jurisdicción, afirmando que aún no se conoce el código completo que la regulará.

“La siguiente pregunta que usted se hará es ¿y qué dicen las normas de la jurisdicción agraria? Sorpresa, nadie lo sabe; hay que esperar a que nos manden el código, que debe ser más venenoso que el cianuro para que nos enteremos de qué se trata”, advirtió, insinuando que el contenido normativo oculto podría ser aún más perjudicial de lo que se conoce hasta ahora.

Entre las disposiciones que destacó Valencia se encuentra el regreso de la ‘expropiación exprés’, una figura que ya había sido considerada en decisiones anteriores de la Corte Constitucional y que ahora, según la senadora, se reinstauraría bajo este proyecto.

Además, cuestionó el principio de protección al “más débil”, planteando una serie de preguntas retóricas sobre quién sería considerado más vulnerable en situaciones de conflicto por la tierra: “¿Quién es el débil, el invasor o el invadido? ¿Quién es el débil, el que vende o el que compra?”, enfatizó.

Valencia alertó sobre el riesgo de una economía “centralmente planificada”, al considerar que el proyecto podría imponer restricciones sobre los usos de la tierra, limitando la capacidad de los propietarios para decidir cómo gestionar sus terrenos. Esto, advirtió, podría llevar a una mayor pobreza en el campo y abrir la puerta a expropiaciones, utilizando conceptos como el “fraccionamiento antieconómico del suelo” para justificar estas acciones.

De esta manera, la senadora Paloma Valencia ve en la Jurisdicción Agraria no solo una amenaza para la propiedad privada y la inversión en el campo, sino también un mecanismo que podría desencadenar conflictos internos en el país, afectando a múltiples sectores, incluyendo el minero-energético. Su llamado es a la cautela y a una revisión exhaustiva de un proyecto que, según ella, tiene implicaciones profundas y peligrosas para el futuro económico y social de Colombia.