Olmedo López se queda sin cartas: no pudo probar en la Corte que recibió órdenes del ministro Bonilla y de Carlos Ramón González

En medio del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se han revelado detalles sobre un complejo esquema de corrupción que involucra contratos multimillonarios y apoyo parlamentario.

Durante una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López, exdirector de la Ungrd, implicó a altos funcionarios del Gobierno en este entramado.

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Sin embargo, luego del interrogatorio en la Corte Suprema que duró alrededor de doce horas, fuentes de la Corte le confirmaron a La W que Olmedo López no pudo probar que recibió órdenes del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ni de la Dirección Nacional de Inteligencia, en cabeza de Carlos Ramón Gonzalez.

En su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, según La W, no consiguió acreditar que las directrices que siguió provinieran del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Director General de Inteligencia, Carlos Ramón González.

En el extenso testimonio, López mantuvo las mismas afirmaciones presentadas previamente ante la Fiscalía General de la Nación, según las cuales había actuado bajo las instrucciones de Bonilla y González.

A pesar de ello, La W mantiene que sus fuentes indicaron que no se pudo verificar en la Corte que González respondiera a las llamadas hechas desde la presidencia ni que asistiera a las reuniones convocadas. Este detalle sembró dudas sobre la veracidad de las aseveraciones de López y sobre el papel de González en el supuesto esquema de corrupción, de acuerdo a las versiones de La W.

Jaime Lombana, abogado defensor del congresista Iván Name, expresó desacuerdo y alegó que Olmedo López se había contradicho en varias ocasiones.

Según Lombana, las declaraciones de López variaron en tres sesiones distintas, lo que levantó sospechas sobre la consistencia y verificabilidad de sus testimonios. Estas inconsistencias llevaron a Lombana a criticar fuertemente a la Fiscalía General de la Nación por trasladar las pruebas a la Corte.

Lombana argumentó que permitir a López y a otros como Sneyder Pinilla, también exdirectivo de la Ungrd, acogerse al principio de oportunidad sería inapropiado debido a las contradicciones observadas. Por ello, se opuso rotundamente a esta medida, enfatizando la necesidad de profundizar en la investigación para determinar las verdaderas responsabilidades y fuentes de las órdenes ejecutadas por López.

Este caso ha tenido repercusiones significativas en la esfera política y judicial, subrayando las complejas dinámicas de la administración pública y la lucha contra la corrupción en Colombia. La falta de pruebas contundentes en contra de Bonilla y González añade una capa de dificultad al proceso judicial y plantea preguntas sobre la efectividad de los mecanismos de control interno y la integridad de los testimonios presentados.

Según la emisora, la audiencia de la Corte Suprema destacó las debilidades en la construcción del caso contra Bonilla y González, enfocando la atención en las declaraciones contradictorias de Olmedo López y la necesidad de un escrutinio más riguroso de las evidencias presentadas.

Pese a los cuestionamientos, la defensa de López aseguró que pronto se presentarían los chats.

En una entrevista con los investigadores, López denunció que recibió instrucciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para otorgar contratos a congresistas en un intento por asegurar el respaldo del Congreso a proyectos de ley de interés para el Ministerio de Hacienda. Según López, estos contratos buscaban beneficiar exclusivamente a los congresistas, desviando los recursos de su objetivo principal, que era el servicio a la ciudadanía.

Además del ministro Bonilla, el testimonio de López también mencionó a otros funcionarios de alto perfil como Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y actual director de Inteligencia. Los chats en circulación involucraron a estos funcionarios como presuntos artífices de los contratos irracionales de la Ungrd, que se utilizaban para comprar el apoyo de los congresistas a los proyectos gubernamentales.

Frente a estas revelaciones, la Fiscalía inició una investigación formal contra Bonilla, González, Velasco, y otros implicados. La evidencia presentada incluye declaraciones y pruebas obtenidas de distintas fuentes, siendo fundamental para avanzar en el esclarecimiento de estos actos ilegales.