En una reciente entrevista con la emisora colombiana la W Radio, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, abordó las preocupaciones sobre la Hidroeléctrica de Urrá, luego de que se dieran a conocer denuncias sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de venta de energía.
Según una investigación del periodista Jorge González, presentada por el medio, se identificó una posible concentración de contratos, que aparentemente se estarían otorgando sin seguir un criterio técnico riguroso, beneficiando a un grupo reducido de empresas.
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El valor de estos contratos podría superar los 1,4 billones de pesos y estarían concentrados en diez empresas, de las cuales dos están ubicadas en Villapinzón, Cundinamarca. Ante estas revelaciones, Bonilla comentó que la junta directiva de la hidroeléctrica desconocía estos detalles y que la información les llegó a través de una fuente anónima. A raíz de esto, la junta solicitó investigar y obtener información detallada sobre estas contrataciones.
El ministro también se refirió a la polémica en torno al supuesto vínculo del congresista Andrés Calle con estas actividades. Si bien afirmó no tener conocimiento específico sobre su involucramiento, destacó que la hidroeléctrica enfrenta un conflicto político interno significativo, al punto de que la junta directiva solicitó el reemplazo del presidente de la entidad.
Según Bonilla, la situación llegó a tal extremo que el presidente de la hidroeléctrica presentó una tutela ante un juez, pero finalmente, la junta designó a un presidente encargado mientras se busca un reemplazo definitivo.
Además, Bonilla reveló que Ecopetrol ha manifestado interés en adquirir la Hidroeléctrica de Urrá, pero enfrenta un obstáculo legal: la Ley 142 le impide comprar generadoras de energía porque ya posee a ISA, una compañía de transmisión. Por lo tanto, si Ecopetrol desea proceder con esta adquisición, necesitará asociarse con otra entidad.
En cuanto a la posible responsabilidad del Gobierno en el conflicto político dentro de Urrá, Bonilla subrayó que quienes han ocupado cargos de dirección en la hidroeléctrica son empleados de larga trayectoria que están próximos a jubilarse, restando importancia a la idea de una intervención directa del Gobierno en el manejo político de la empresa.
Por otro lado, el ministro también habló sobre la reforma tributaria que el Gobierno Nacional está considerando para aumentar los ingresos del Estado. Bonilla reconoció las preocupaciones de algunos economistas que creen que este no es el momento adecuado para implementar una nueva reforma, pero destacó la necesidad de fortalecer las finanzas del país.
Explicó que la deuda nacional es alta y que los ingresos corrientes son insuficientes para cubrir tanto el servicio de la deuda como las necesidades de inversión. Ante esta situación, el Gobierno busca recaudar 12 billones de pesos adicionales, explorando alternativas como la sobretasa al petróleo y el carbón, en lugar de depender únicamente de las regalías.
El ministro enfatizó que aunque los gastos de funcionamiento son altos y no se pueden reducir abruptamente debido a restricciones legales y constitucionales, es crucial encontrar formas de obtener más recursos para reactivar la economía colombiana en diversos sectores, sin comprometer el crecimiento económico a largo plazo.
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