En la mañana del martes 27 de agosto se conoció un texto de la Contraloría General de la República en el que indica que encontró 2.283 irregularidades en proyectos financiados con regalías desde 2017, que suman más de $5 billones en problemas fiscales.
En el ente de control señalan que, desde octubre de 2023, se iniciaron 162 investigaciones sobre recursos del OCAD PAZ, que superan los $408 mil millones. Además, se revisó el 94% de los $68 billones asignados a proyectos de regalías, abarcando 4.096 iniciativas. Estos proyectos han sido sometidos a auditorías y controles desde 2017 y 2020, respectivamente.
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La Contraloría también atendió 5.780 solicitudes ciudadanas sobre estos proyectos, con resultados que indican problemas fiscales por $1.3 billones. La Contraloría espera recibir el informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), dirigido por Alexander López Maya, para analizar los recursos de regalías en riesgo.
Este informe incluirá detalles que permitirán evaluar los proyectos denunciados desde un enfoque jurídico y financiero. Además, la entidad está trabajando para resolver casos de proyectos inconclusos y considera la reactivación de aquellos clasificados como “elefantes blancos” para que beneficien a las comunidades.
En términos de responsabilidad fiscal, el Grupo Interno de Trabajo de Responsabilidad Fiscal de Regalías adelanta 813 procesos con una cuantía superior a $2,4 billones y 121 indagaciones preliminares.
La denuncia del DNP, que tiene en el ojo de huracán a gobiernos anteriores
Esta semana, Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), convocó una rueda de prensa para informar que están perdidos doce billones de pesos del sistema de regalías de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) Paz. Todo esto por presunta corrupción.
El equipo de regalías del Gobierno adelantó una investigación con la que López expuso las conclusiones. Indicó que ese dinero era para invertir en las regiones y en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.
“Con estos recursos pudimos haber transformado a Colombia. Esos recursos están manos de criminales, carteles y clanes”, señaló.
De manera específica, López destacó que estos fondos podrían haber sido destinados a importantes proyectos de infraestructura, como el suministro de agua para La Guajira, el acueducto de Quibdó y Buenaventura, y el abastecimiento de agua en Urabá. Sin embargo, la mala gestión ha dejado muchas obras inconclusas, disfuncionales o suspendidas, afectando a miles de colombianos, tal como lo señaló.
Irregularidades en el Sistema General de Regalías
El informe del DNP detalló que, entre 2017 y 2024, se aprobaron 19.393 proyectos por un valor de $68,54 billones, con una notable concentración de recursos entre 2021 y 2023. De estos proyectos, 12.106 han sido completados, 656 aún no han sido contratados, y 6.631 están en ejecución. Sin embargo, 1.497 proyectos tienen plazos vencidos, 301 enfrentan suspensiones en sus contratos, y 296 presentan ambos problemas.
Además, se encontraron 277 proyectos que, aunque reportados como terminados, no superaron el 85% de ejecución. En una preocupante revelación, se identificaron 2.133 proyectos por un valor de $3,5 billones que no tienen el acta de terminación registrada en el sistema.
“A mi llegada al DNP, debo manifestar que encontré un sistema general de regalías marchitado en donde las irregularidades que hemos detectado con mi equipo a cargo del subdirector General de Regalías, eran pasadas por alto sin importar que miles de colombianos y de colombianas en sus territorios observan cómo el dinero de sus regalías quedaba en obras inconclusas, disfuncionales, suspendidas y con plazos vencidos”, expuso.
En respuesta a estos hallazgos, el DNP emitió una circular conjunta con la Procuraduría y la Contraloría para endurecer los controles sobre los proyectos financiados por el SGR. También se firmará un convenio con la Fiscalía General para capacitar a los equipos de investigación en la gestión de estos recursos.
El informe del DNP señaló una alta concentración de recursos en pocas entidades y municipios, con $22,11 billones gestionados por entidades distintas a los entes territoriales. Solo 11 ejecutores manejan $6,6 billones, incluyendo organismos como la Agencia de Infraestructura del Meta y la Fundación Universidad del Valle.
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