La oposición tildó de “peligroso” el proyecto de jurisdicción agraria radicado por el Gobierno

A través de redes sociales, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, expresó su preocupación por la radicación del proyecto de jurisdicción agraria por parte del Gobierno Petro.

Según la congresista, esta iniciativa legalizaría la invasión de tierras, reviviría la expropiación express que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional, y abriría las puertas a una persecución contra los propietarios del campo.

En cuanto a lo que ve como una posible invasión/expropiación de tierras, señala: “Bastaría con que los invasores realicen alguna actividad productiva en el predio, como una pequeña cosecha, para que nadie, ni siquiera los jueces, pueda desalojarlos. Este mecanismo otorgaría protección legal a los invasores y debilitaría significativamente los derechos de los propietarios legítimos”.

La congresista afirmó también que se revive, sin claridad, el principio del más débil en las zonas rurales de Colombia: “A pesar de que la Corte Suprema solicitó la eliminación del principio de protección al más débil en el campo, el Gobierno insiste en incorporarlo. Esta medida plantea una cuestión fundamental: ¿quién es realmente el débil? ¿El que invade o el que es invadido? ¿El que cosecha o el que vende?”.

Frente al sector minero-energético, Valencia señaló que el Gobierno propone que todas las controversias comerciales relacionadas con la producción de alimentos, productos agrarios, y recursos naturales no renovables, como carbón y petróleo, sean resueltas en esta jurisdicción agraria, pese a que ya existen jueces especializados para ello. “Esto plantea serias dudas sobre el futuro del sector minero-energético en el país”, expresó.

En la mañana del martes 27 de agosto, el Gobierno de Gustavo Petro radicó en la Comisión Primera del Senado de la República el proyecto de ley ordinaria de jurisdicción agraria, que busca establecer competencias y procedimientos para que jueces y magistrados se hagan cargo de conflictos agrarios y rurales en el país.

Tres fueron los ministros que asistieron al Congreso colombiano para radicar el texto: Juan Fernando Cristo (Interior), Ángela María Buitrago (Justicia) y Martha Carvajalino (Agricultura).

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Para Juan Fernando Cristo, este proyecto es fundamental en la implementación total del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre Gobierno y Farc-EP, en el que la reforma agraria es el principal capítulo del texto.

“Interpreta y representa cabalmente el compromiso del Gobierno del presidente Petro con el campo colombiano, con la reforma rural y la reforma agraria, como elemento fundamental e indispensable para avanzar en el propósito de lograr una mayor igualdad en la sociedad y cerrar las brechas entre el campo colombiano y los centros urbanos del país”, señaló el funcionario.

Cristo añadió que “la idea es que podamos tener el año entrante en Colombia jueces agrarios. Parece mentira que no los hayamos tenido después de tantos años de conflicto. Es un gran avance que haya un procedimiento para que los jueces puedan resolver los conflictos de tantas décadas en el campo colombiano. Hacer justicia con el campesino significa y debe ser motivo de satisfacción”.

A su turno, la ministra Ángela María Buitrago destacó lo que para ella es la consolidación de una deuda histórica que se daría, de ser aprobada, con la implementación de un marco regulatorio que de solución a las múltiples disputas territoriales que se han dado en el campo colombiano, dando origen a la violencia armada que hoy persiste en varias regiones del país.

“Estamos dando herramientas judiciales. Aquí no va a haber una herramienta diferente. Implica tener acceso a la justicia e ir ante un juez que va a resolver el conflicto. Vamos a evitar los conflictos resueltos de manera violenta. El campesino va a generar un derecho directo en sus poblaciones a estos jueces para lograr obtener lo que por tantos años fue objeto de despojo de manera violenta”, dijo Cristo.