La pequeña Evelyn Morales fue asesinada por su mamá y su padrastro, pero ambos están en libertad: familiares exigen justicia

Evelyn Morales, una niña de 3 años, falleció en 2019 presuntamente a manos de su padrastro en un episodio de violencia intrafamiliar. A pesar de los múltiples intentos de judicializar el caso, la audiencia que estaba prevista para el 26 de agosto ha sido aplazada, una vez más, y reprogramada para el 26 de septiembre.

La pequeña Evelyn perdió la vida el primero de abril de 2019, tras recibir una golpiza que involucró a su madre y su padrastro. Desde entonces, el proceso judicial ha enfrentado numerosas dilaciones, según lo informó Citytv.

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Según informaciones, la defensa del padrastro ha sido acusada de inventar pretextos para posponer las audiencias. Aunque el acusado pasó dos años en prisión preventiva, fue liberado por vencimiento de términos y su paradero actual es desconocido. En cuanto a la madre de Evelyn, fue condenada a 74 meses de prisión intramural, pero la sentencia está siendo apelada y ella también se encuentra en libertad, lo que incrementa el sentimiento de impunidad en la familia de la víctima.

Pese a que han pasado más de cinco años desde su fallecimiento, el proceso judicial ha avanzado lentamente debido a constantes dilaciones por parte de la defensa del padrastro, Diego. Según indican los registros del caso, el abogado defensor ha utilizado diversas tácticas para aplazar las audiencias, por ejemplo, tras los dos años en intramuros fue liberado por vencimiento de términos, y actualmente se desconoce su paradero.

La abuela de Evelyn ha expresado su temor de que el caso quede sin justicia. Durante más de cinco años, ha estado exigiendo una resolución judicial que condene adecuadamente a los responsables de la muerte de su nieta. La familia de la niña sigue reclamando que se haga justicia en su nombre y en el de todos los niños que han sido vulnerados en el país.

El sistema judicial ha sido incapaz de avanzar con celeridad en este caso. La más reciente audiencia cancelada deja a los familiares en una situación desesperada, sin ver una conclusión a la vista. Se espera que en la audiencia del 26 de septiembre se puedan escuchar a los testigos y que la jueza a cargo del proceso tome las medidas necesarias para emitir una nueva orden de captura contra el padrastro.

Los familiares y defensores de los derechos humanos esperan que este caso no solo encuentre justicia, sino también provoque cambios en la manera en que se manejan y se procede con estos delitos en el futuro.

El mayor del Ejército Nacional Fabián Humberto Bueno Carranza y su hija de siete años fueron asesinados el 30 de julio en Bogotá, crimen cuyo autor, según se conoció, es el propio hijo de 14 años del mayor, quien aceptó los cargos durante las audiencias de imputación que se llevaron a cabo el 31 de julio. Este menor confesó ser tanto el autor intelectual como material del homicidio.

Los investigadores presentaron diversos elementos probatorios durante las audiencias. Entre estos se incluyen las armas blancas usadas en el crimen, grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios del personal de seguridad del conjunto residencial donde ocurrieron los hechos. Además, la Policía Metropolitana de Bogotá y los informes de los investigadores de la Sijín sustentaron el testimonio del menor, aclarando los eventos que llevaron al doble asesinato.

El informe de Medicina Legal determinó que ambas muertes fueron violentas y se clasificaron como homicidios, evidenciados por múltiples heridas registradas en los cuerpos, provocadas por las armas encontradas en la escena del crimen. Fabián Humberto recibió más de 100 puñaladas, mientras que los detalles adicionales sobre las heridas de su hija aún no se revelaron en su totalidad.

En un principio, las declaraciones de la madre y esposa de las víctimas, así como las del acusado, mostraron inconsistencias. No obstante, durante la diligencia judicial, el adolescente aclaró los motivos y la mecánica del crimen, lo cual permitió a las autoridades avanzar en la reconstrucción de los hechos y obtener su confesión.

Este caso ha generado conmoción por la naturaleza de los eventos y la implicación de un menor de edad en un crimen tan brutal. Las autoridades continúan con la investigación para determinar si hubo otros factores o personas involucradas en la planificación y ejecución del asesinato.

Los resultados de esta investigación y los procedimientos judiciales pendientes determinarán las consecuencias legales para el menor. Actualmente, se está evaluando su situación bajo las normativas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia.