En un presunto caso de corrupción en Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció la desaparición de doce billones de pesos destinados a la implementación de los acuerdos de paz.
Según Petro, esta situación, ocurrida entre 2017 y 2022, representa uno de los peores casos de corrupción en el país.
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Los primeros indicios de esta problemática surgieron de una investigación llevada a cabo por el equipo de regalías del Gobierno, específicamente por la Dirección Nacional de Planeación (DNP).
Este ente alertó sobre la posible pérdida de recursos asignados a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – Ocad Paz. De los 6.631 proyectos en ejecución, 2.094 presentaron problemas de cumplimiento contractual.
Alexander López, director de Planeación, indicó que estos proyectos, centrados en la implementación del acuerdo de paz en 170 municipios afectados por el conflicto armado con las Farc, experimentaron varias irregularidades. De estos, 1.497 proyectos vencieron su plazo de ejecución, evidenciando un uso irregular de nueve billones de pesos.
Otros 301 proyectos tenían contratos suspendidos, afectando un billón de pesos, y 296 proyectos aparecieron con contratos tanto suspendidos como vencidos, implicando un impacto de dos billones de pesos.
El presidente Petro planteó la hipótesis de que estos fondos desaparecidos podrían haber sido utilizados para financiar campañas políticas al Congreso e, incluso, campañas presidenciales. No obstante, reconoció que no existen pruebas concluyentes hasta el momento para substanciar estas acusaciones, por eso les piden a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría que adelanten las investigaciones correspondientes.
Petro ha solicitado una investigación exhaustiva a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para esclarecer lo que ha calificado como “el robo del siglo”.
Mientras tanto, la actual administración está revisando posibles infraestructuras legales y normativas que regían la asignación de estos fondos durante la presidencia de Iván Duque.
El presidente Petro insistió en la creación de un sistema de auditoría claro y transparente para garantizar el correcto uso de los recursos públicos, subrayando que irregularidades como estas no deben repetirse.
En X, como es habitual en él, Petro expresó que cerca del 30% de los recursos de regalías se han malgastado en obras no concluidas entre 2017 y 2022, agregando que la Fiscalía debe proceder con la investigación penal pero que el Gobierno tiene la responsabilidad de crear un sistema de auditaje eficiente para asegurar que las regalías futuras se traduzcan en obras reales.
Petro también acusó directamente a la administración de Iván Duque de este desfalco, instando a que se esclarezcan estas irregularidades para evitar que se repitan. En contraste, Luz Adriana Camargo ha sido llamada a liderar la investigación para determinar la verdad detrás de estas acusaciones y proporcionar respuestas claras a la ciudadanía.
Ocad Paz, organismo crucial en la administración y ejecución de estos proyectos, se encuentra ahora en el centro de esta controversia. La comunidad espera con atención los resultados de las investigaciones oficiales para lograr transparencia y justicia en el uso de los recursos destinados a la paz en Colombia.
La gestión de Duque según el DNP
Durante la presidencia de Iván Duque en Colombia, se destinaron varios recursos para la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, la gestión de estos fondos ha generado denuncias y controversias, según un diagnóstico del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El análisis del DNP señaló que entre 2017 y 2024 se aprobaron 19.393 proyectos financiados con recursos de regalías, cuya suma asciende a $68,54 billones. No obstante, el DNP detectó graves irregularidades en la ejecución de estos proyectos, señalando que 2.094 proyectos están en riesgo de perderse debido a contratos suspendidos o vencidos.
Según el DNP, la mayor concentración de recursos se produjo entre 2021 y 2023, años en los que se aprobaron proyectos por valor de aproximadamente $38 billones, representando el 55% del total de recursos aprobados en ese periodo. Además, el diagnóstico apunta a que se emplearon nuevas modalidades de contratación que evadían la transparencia y el seguimiento ciudadano, incrementando las preocupaciones sobre la correcta utilización de los recursos de paz.
En el ámbito político, el senador Iván Cepeda interpuso una denuncia penal contra el presidente Iván Duque, alegando un posible desfalco de los fondos destinados a la implementación del acuerdo de paz. La denuncia se centra principalmente en la gestión de los recursos y en la sospecha de que podrían haber sido desviados para fines políticos, como campañas electorales, aunque no se han presentado pruebas concluyentes al respecto.
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