El Clan del Golfo se metió al páramo de Santurbán con 50 hombres armados para hacer minería ilegal

El gobernador de Santander, el general (r) Juvenal Díaz, denunció que el grupo se denomina como Los Paisas y están explotando los yacimientos en esa zona de protección ambiental. Temen una oleada de violencia, ya que también han detectado presencia del ELN

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Fotografía de archivo del páramo
Fotografía de archivo del páramo de Santurbán. (Crédito: Colprensa)

El gobernador de Santander, el general en uso del buen retiro Juvenal Díaz, denunció que un grupo de cerca de 50 hombres armados está haciendo minería ilegal en zona rural de la provincia de Soto Norte, en el oriente del departamento, específicamente en el páramo de Santurbán, donde es prohibida esta actividad, al ser un lugar de protección ambiental.

“Hay un problema gravísimo y yo lo he denunciado públicamente, la llegada de un grupo que se denomina ‘Los Paisas’ armado que están comprando tierras y explotando minas. Ya hay más de 50 hombres armados y se lo he dicho al ministro de Defensa”, refirieron en la emisora Blu Radio de las declaraciones del mandatario departamental, tras un encuentro que sostuvo con congresistas el lunes 26 de agosto.

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En el periódico regional Vanaguardia reseñaron que esa estructura ilegal formaría parte del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, y estarían ubicados en un yacimiento de la zona.

“Todos estamos de acuerdo en que hay que proteger el Páramo (de Santurbán), hay que hacer un plan de manejo integral para su protección, así como del agua con Norte de Santander”, subrayaron de lo dicho por el gobernador.

El grupo armado se denomina
El grupo armado se denomina como Los Paisas y se habría tomado un yacimiento para hacer minería ilegal en el páramo de Santurbán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al parecer, esa estructura criminal estaría teniendo injerencia en las zonas rurales de los municipios de Charta, Suratá y Matanza, destacaron en el informativo de la televisión regional Oriente Noticias, por lo que se teme una oleada de violencia en la zona, ya que también se está detectando la presencia de guerrilleros del ELN y se reproduzca el mismo conflicto que están padeciendo en la región Pacífico.

“Eso va a ser una situación muy complicada porque son grupos armados queriendo sacar oro. Nos va a pasar lo mismo que en el Chocó. Allí está lleno de cobre y oro, una cosa impresionante, y está prohibido no se puede hacer minería”, indicó Díaz.

Por esa situación, el gobernador solicitó apoyo del Gobierno Nacional para que la Fuerza Pública realice una intervención en esa zona.

“Andan en camionetas y armados. Es una cosa que no podemos permitir allá (...) Lo pusimos en conocimiento de los honorables congresistas. Ellos van a pedirle también al ministro de Defensa Nacional para ponerle de presente eso porque no podemos permitir que se nos dañe esa región”, destacaron en ese noticiero de lo dicho por el gobernador.

En la reunión con los congresistas de la bancada santandereana participó la senadora del Pacto Histórico Gloria Inés Flores, planteó que se lleguen a acuerdos a nivel nacional con los que se pueda proteger ecosistemas como el páramo de Santurbán.

“Podemos avanzar en uno de los espacios que tiene el Gobierno Nacional que son los pactos alrededor de territorios específicos hacen que todas las instancias del estado inviertan sus recursos”, afirmó en la reunión.

Por este problema que se está gestando en el nororiente del país, el gobernador Díaz anunció que se realizará una reunión la próxima semana con su homólogo en el hermano departamento de Norte de Santander, William Villamizar, para trabajar en la protección del agua para los dos territorios que se abastecen del páramo de Santurbán, y que podría verse gravemente afectado por efectos de la minería ilegal.

Estos ecosistemas de alta montaña, que se caracterizan por garantizar el abastecimiento de agua en Colombia, están protegidos por la ley 99 de 1993, sin embargo, en el caso de Santurbán, en 2007 se conoció que se iban a otorgar licencias para la explotación minera, lo que provocó la movilización de las comunidades que habitan en esa zona, así como de organizaciones ambientales en Santander, ya que con esa actividad se afectaría gravemente su acceso a ese servicio vital.

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