El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, radicó el proyecto de jurisdicción agraria del que la representante a la Cámara Katherine Miranda alertó por puntos inconvenientes para el país. Según detalló la congresista en un hilo en X, una de las preocupaciones que surgen con respecto a la iniciativa radica en la presunta “expropiación exprés” que se escondería en sus artículos.
Pues, en el numeral 4 del artículo 5 del proyecto, referente a la función social y ecológica de la propiedad agraria, se establece que las actividades correspondientes a la reforma agraria y al desarrollo rural son de “utilidad pública”. Además, dictamina que la concentración improductiva de tierras en contraria a dicha utilidad. Esto fue calificado por la congresista como una expropiación exprés.
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En ese sentido, insistió en que siempre se opondrá a este tipo de expropiaciones en Colombia, asegurando que la propiedad privada es fundamental para el país, indicando, incluso, que es un “pilar democrático”. No obstante, el primer mandatario cuestionó la postura de la representante a la Cámara, poniendo como ejemplo el servicio de transporte público en Bogotá.
De acuerdo con el jefe de Estado, la expropiación ha servido para que se puedan adelantar obras públicas en espacios donde hay propiedad privada, por lo que la figura serviría para tener un beneficio colectivo. “Esta es una de las opiniones con más carga de desconocimiento de las que escucho. ¿Cómo cree la representante que se construye actualmente el metro elevado o las troncales de transmilenio que hicieron los alcaldes que ella misma apoyó?”, preguntó el presidente en X.
En respuesta, Miranda insistió en que en los casos mencionados por el primer mandatario, la expropiación estaría justificada porque, en efecto, la población en general se estaría beneficiando con el resultado de las obras públicas. Sin embargo, esa premisa no aplicaría para la jurisdicción agraria.
“Presidente, porque la expropiación en ese caso es para utilidad pública e interés social, para el beneficio de todos! Aquí Ud tiene expropiar para beneficio de un tercero, no para el goce de TODOS”, precisó la congresista en la red social.
De acuerdo con la denuncia que hizo Katherine Miranda en X, una de las graves problemáticas que tiene el proyecto yace en el parágrafo 1 del artículo 12, en el que se establece que los procesos agrarios especiales contra personas naturales y jurídicas —entre ellos, la expropiación exprés—, relacionados con el “derecho público”, serán responsabilidad plena de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
“Van a radicar toda una ley para la jurisdicción agraria y rural, con la finalidad de proveer jueces especializados en este tema, pero quien decide es la ANT cuando debería ser un juez de la República. En el proyecto, el Juez entra en un proceso posterior, cuando sabemos que los procesos judiciales en Colombia duran años ¡Inaudito!”, aseveró Miranda.
No obstante, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, desvirtuó las advertencias relacionadas con el rol de la ANT en el proyecto de jurisdicción agraria, informando que la iniciativa no tiene nada que ver con la expropiación de tierras por vía administrativa, porque las decisiones al respecto serán tomadas por un juez agrario en Segunda instancia.
Por eso, instó al Congreso de la República a verificar por completo el documento, el cual estará sujeto a discusión. “Yo le voy a pedir a los congresistas que se lea el proyecto. Los que se lo han leído lo han entendido (sic). El Gobierno está abierto el debate, pero hagámoslo con seriedad ante el país”, detalló el funcionario.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que hay quienes pretenden confundir a la ciudadanía poniendo en duda los artículos del proyecto, entre ellos, el 12, que ha generado tanta controversia.