La decisión del Gobierno nacional de prohibir la exportación de carbón a Israel, que quedó en firme mediante el Decreto 1047 de 2024, ha despertado fuertes inquietudes en el sector empresarial colombiano. Por tal motivo, expertos advirtieron que esta medida podría tener serias repercusiones, no solo en la industria minero-energética, sino también en la economía nacional y en la credibilidad del país en la implementación de tratados internacionales.
Una de las reacciones sobre el decreto se dio a conocer a través de un comunicado del Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia), pues su director ejecutivo, Ricardo Triana, manifestó su preocupación por la suspensión de exportaciones de carbón a Israel.
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Según Triana: “Es fundamental fomentar un diálogo constructivo entre el gobierno y el sector empresarial para encontrar soluciones que equilibren las necesidades del país y las obligaciones comerciales, garantizando así un entorno favorable para la inversión y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades”.
Las empresas afiliadas a CEA Colombia representan más del 7,3% del PIB colombiano y generan más de 115,000 empleos en diversos departamentos del país como, por ejemplo, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Arauca, Cesar, Putumayo y Santander, por lo que Triana resaltó que esta medida “pone en riesgo la confianza en el cumplimiento de acuerdos internacionales como el TLC que tenemos con Estados Unidos, lo que aumenta la incertidumbre de los inversionistas”.
En 2023, las empresas afiliadas a CEA Colombia registraron una balanza comercial positiva de USD $706,403,480, con exportaciones que alcanzaron los USD $4,364,338,821, lo que refleja un crecimiento del 10,03% desde 2019, por lo que la prohibición de exportar carbón a Israel pone en peligro estos logros, afectando también las inversiones y la confianza de los capitales estadounidenses en Colombia.
Uno de los problemas que podría generar la medida del decreto 1047 es que se puede dar el escenario en el que Colombia viole sus obligaciones en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, ya que muchas de las empresas estadounidenses operan en el país bajo el Plan Vallejo, que les exige exportar en lugar de atender el mercado local.
En ese sentido, para Triana, la implementación del decreto sin considerar estas obligaciones podría provocar incumplimientos en los acuerdos internacionales y minar la confianza de los mercados e inversionistas extranjeros.
Es menester acotar que, el TLC con Estados Unidos incluye cláusulas que protegen las exportaciones desde Colombia en productos como el carbón, y establece que las restricciones comerciales solo son permitidas en circunstancias específicas.
En este contexto, la prohibición podría resultar en una pérdida aproximada del 5% de las exportaciones totales de carbón de Colombia, lo que según cifras de 2023 representaría casi USD $447 millones.
“Con bajos niveles de recaudo y la necesidad de inversión social, sugerimos considerar estas medidas después de una discusión amplia, consensuada y fundamentada en razones objetivas”, señaló Triana, que agregó: “Esto nos permitirá seguir manteniendo relaciones diplomáticas y acuerdos comerciales prósperos con nuestros aliados estratégicos”.
Para CEA Colombia, “es crucial garantizar la estabilidad y el cumplimiento de los tratados comerciales internacionales, ya que estos acuerdos son esenciales para mantener la confianza de los inversionistas y fomentar un entorno económico favorable que impulse el crecimiento y la inversión en Colombia”.
El Consejo de Empresas Americanas reafirmó su “firme compromiso con el desarrollo sostenible y la inversión en Colombia” y así enfrentar los desafíos económicos y sociales del país, dado que se requiere una “colaboración efectiva entre el sector empresarial y el gobierno, ya que solo con un diálogo constructivo y colaborativo se podrán encontrar soluciones que beneficien a la economía y a las comunidades locales, asegurando un futuro próspero y sostenible”.