ONU rechazó campo minado que le causó la amputación del pie a una niña de 10 años en San Vicente del Caguán

En la mañana del lunes 26 de agosto se conoció que Juliette de Rivero, representante de la Oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos, rechazó el uso de minas antipersonal por parte de los grupos armados ilegales, luego de que se conociera que una niña se encuentra en grave estado de salud por la activación de uno de estos artefactos, en hechos ocurridos en la vereda Cristo Rey de San Vicente del Caguán, Caquetá, en hechos que ocurrieron el pasado 24 de agosto.

“ONU Derechos Humanos repudia el uso de minas antipersonales por parte de grupos armados no estatales. En el Pato Balsillas, en San Vicente del Caguán, Caquetá, una niña de 10 años pisó una mina, perdiendo el pie, cuando caminaba con su abuelo para hacer actividades agrícolas. Deploramos el actuar de los grupos armados y les llamamos a tomar un acto de conciencia, a respetar los derechos de la población civil”, afirmó De Rivero.

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La menor no ha sido la única persona que ha resultado afectada por este tipo de artefactos improvisados que los grupos armados utilizan para el control territorial. En mayo de 2024, el concejal Valdemar Ordóñez Ibarra resultó gravemente herido luego de caer en un campo minado que también había sido instalado por las disidencias de las Farc, en el sector de La Balastrera, cerca del corregimiento de El Plateado, ubicado en Argelia (Cauca).

Las minas explotaron cuando el funcionario estaba haciendo un recorrido por el acueducto del lugar, en aras de restablecer la prestación del servicio a los habitantes. Inmediatamente, los bomberos se desplazaron al lugar para auxiliar al ciudadano, al igual que miembros de la Tercera División del Ejército.

“Esta situación es otra muestra de cómo los integrantes del grupo armado organizado residual Carlos Patiño persisten en cometer graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violar los derechos humanos al seguir usando estos artefactos explosivos improvisados, poniendo en grave riesgo la integridad de la comunidad”, señalaron entonces las Fuerzas Militares en un comunicado.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, para noviembre de 2016, Colombia era el segundo país de todo el mundo con el mayor número de víctimas nuevas de minas antipersonal, después de Afganistán. Actualmente, el territorio nacional ya bajó al sexto puesto en el listado de países con afectados por este tipo de artefactos explosivos, pero ocupa el segundo lugar en cuanto a víctimas de la fuerza pública.

De acuerdo con un informe del Ejército Nacional, revelado en agosto de 2024, el 91% de minas antipersonales instaladas en el territorio nacional durante 2024 son responsabilidad de las disidencias de las Farc, grupo armado con el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro está adelantando un proceso de paz.

Los diálogos se han visto atropellados por divisiones al interior de la estructura armada y por la violación del cese al fuego pactado entre las partes. De hecho, actualmente el Gobierno nacional está conversando con el Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco; con la Segunda Marquetalia, bajo el mando de alias Iván Márquez; y con los bloques comandados por Alexander Díaz, alias Calarcá.

Colombia suscribió el Tratado de Ottawa en 1997, en el que se prohíbe la producción y uso de minas antipersonales. Para el 1 de marzo de 2011, el país no debía tener artefactos de este tipo en todo el territorio. El plazo no se cumplió, así que se alargó al 1 de marzo de 2021. No obstante, todavía no ha sido posible solucionar la problemática, por lo que se solicitará un nuevo plazo.

“Una vez las extintas Farc habían dejado de existir, debíamos cambiar la convención internacional que había sido firmada en Canadá. Pero el ELN y las disidencias de la Farc empezaron una campaña de sembrar minas antipersonales. Esa fue la razón por cuál no se pudo cumplir”, aseguró el alto consejero para el postconflicto Rafael Pardo, en conversación con El Tiempo.