En un nuevo revés jurídico, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia desestimó el lunes 26 de agosto de 2024 la solicitud de nulidad presentada por la defensa del exsenador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, que fue señalado de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. En el famoso caso de las Marionetas 2.0.
De acuerdo con el alto tribunal, que dejó en firme el llamado a juicio al excongresista, recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, no hay méritos para advertir que se registraron vulneraciones al debido proceso, en el caso en el que Ramírez es investigado por presuntamente recibir millonarias coimas de contratos entregados por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), durante el gobierno de Iván Duque.
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En su defensa, el exsenador afirmó que en las reuniones que celebró con Pierre García Jacquier, por aquel entonces director del DPS, no hizo ninguna solicitud para la entrega de contratos; contrario a lo manifestado por el alto tribunal, que ha afirmado contar con el suficiente material probatorio sobre la forma en la que se habría tejido la red de corrupción al interior de la entidad, y los contratistas beneficiados.
“A mí me ha privado de mi libertad con el proceso apenas comenzando por lo que no se pudieron practicar las suficientes pruebas en la de Instrucción porque había un afán de acusarme y en ese afán existió una investigación muy pobre”, indicó el exsenador, con lo que argumentó que el caso que cursaba en su contra no cumplía con el mínimo de garantías para su defensa.
La decisión de la Corte Suprema en contra del exsenador Ciro Ramírez
En la lectura del fallo, el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, indicó que la petición de Ramírez no es procedente, debido a que no se encontraron motivos para que se retroceda en las investigaciones adelantadas por el alto tribunal, como tampoco se desvirtúe el testimonio que el propio Ramírez entregó a los miembros de la Sala de Instrucción de la Corte, dado a conocer el 13 de mayo de 2024.
“Negar la declaratoria de nulidad por los motivos que propuso el defensor del señor Ciro Alejandro Ramírez Cortés, conforme a las consideraciones de esta providencia”, enfatizó el togado en la determinación del alto tribunal. Del mismo modo, ordenó tomar testimonios que están relacionados en las actuaciones de Ramírez, además de recoger las pruebas documentales que sean requeridas.
Es válido destacar que el excongresista, al que le decretaron la “silla vacía”, está involucrado en el convenio 670 de 2021 firmado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta Quindío, por los $48.060 millones, y que se destinó, al menos en su objeto, a iniciativas de infraestructura vial y superación de la pobreza en los departamentos de Quindío, Valle del Cauca y Tolima.
“Mi misión siempre ha sido servir a las comunidades, buscar audiencias, sin el ánimo de enriquecerme o buscar contratos (...) voy a demostrar mi inocencia porque es un convenio del que nada tengo que ver”, dijo Ramírez en la Corte, cuando respondió las preguntas del magistrado Marco Antonio Rueda. Pese a su versión, sobre las constantes visitas al DPS, el togado fue incisivo en las ‘coincidencias’ del caso.
En este caso, juegan un papel importante Pablo César Herrera, director de Proyecta, y Alejandro Noreña Castro, su asesor y que era, al parecer, el enlace con Ramírez. Por su parte, Katherine Rivera Bohórquez, que ofició como miembro del equipo del exparlamentario, también ha sido mencionada en este escándalo, en el que se acusa al político de 40 años de recibir un monto de $1.000 millones, producto de estas acciones.
Ramírez es acusado de haber copiado el modelo corrupto impuesto por el fallecido senador liberal Mario Castaño, conocido como las ‘Marionetas’. Castaño, cabe destacar, gestionó un contrato por $22.000 millones entregado a Proyecta, cuyo gerente después hizo negocios con la red que presuntamente había liderado el excongresista del Centro Democrático, y en la cual se repartieron jugosas coimas.