Corte Constitucional está en entredicho frente a las reformas sociales que quiere imponer Petro: hay polémica

Colombia vive un momento de zozobra por las decisiones que viene tomando el Gobierno de Gustavo Petro, que día tras día, liderado por el presidente y sus fieles ministros, menciona nuevas reformas para el país.

Ya se aprobó, en 2022, una reforma tributaria y ahora, en 2024, la pensional. En el tintero están también la laboral, así como la de salud. Sin embargo, una nueva tributaria (ley de financiamiento) asoma para recaudar $12 billones y financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024.

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Frente al trámite de las reformas (la pensional fue aprobada de manera polémica, ya que la Cámara de Representantes aprobó el mismo texto al que le dio vía libre el Senado), la esperanza de expertos en cada asunto, así como del a oposición, está en la Corte Constitucional, que es el alto tribunal de justicia en el país, encargado de velar por el respeto y el cumplimiento de la Constitución Política, como la norma más importante del país.

A esto se refirió el columnista Rodrigo Uprimny en su columna de opinión del domingo 25 de agosto, la cual denominó como “¿Se está “Lochnerizando” la Corte Constitucional?” y fue publicada por El Espectador. En esta, entre otras cosas, expuso que el alto tribunal podría estar acercándose a una fase crítica similar a la llamada “Era Lochner” de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Uprimny señaló que la actual Corte Constitucional de Colombia podría estar entrando en una etapa donde las decisiones pueden favorecer las libertades económicas y la propiedad en detrimento de los derechos sociales.

“La llamada ‘Era Lochner’ es un período de la Corte Suprema de los Estados Unidos severamente criticado por la doctrina de ese país y por la teoría constitucional comparada”, escribió Uprimny. Este fenómeno podría tener varias implicaciones para la equidad social y la reforma tributaria en Colombia.

Por supuesto, el artículo de opinión generó reacciones. Una de ellas la del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, quien criticó con dureza la posición del columnista. De paso, se mostró muy preocupado por lo que quiso expresar.

“Según este argumento absurdo, ¿entonces ahora debemos permitir que las reformas supuestamente ‘loables’ o socialmente atractivas, o con elementos de populismo, tienen que ser aprobadas así sean inconstitucionales o ilegales en su trámite o contenido?”, cuestionó el exfuncionario.

Apuntó que le da pena, pero el “buenismo” no puede y no debe ser el argumento para que la Corte Constitucional tome decisiones. Asimismo, advirtió que, si las reformas son inconstitucionales en derecho, enhorabuena que se declaren inexequibles.

“El rigor técnico y legal en cualquier reforma es bienvenido en el marco de nuestras reconocidas y fuertes instituciones y nuestra democracia, que por eso es la más antigua y sólida de América Latina”, expresó José Manuel Restrepo.

Rodrigo Uprimny, reconocido académico y columnista, sostiene que la “Era Lochner”, un período histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos que se inició en 1905, se caracterizó por una “extrema defensa de la libertad contractual y de la propiedad”.

Este período comenzó con el fallo Lochner, que anuló una ley de Nueva York sobre la jornada máxima de trabajo de ocho horas, alegando que violaba la libertad contractual. “Como si no existiera desigualdad de poder entre los patrones y los trabajadores”, menciona. Este tipo de decisiones judiciales bloqueó varios esfuerzos para reducir la desigualdad y proteger a los trabajadores.

La preocupación de Uprimny es que la Corte Constitucional de Colombia podría estar tomando un camino similar al invalidar aspectos fundamentales de la reforma tributaria promovida por el presidente Gustavo Petro. En particular, destaca la sentencia C-489/23, que declaró inconstitucional la prohibición de la deducción de las regalías, lo que privará al Estado de unos $6 billones anuales, que ahora quedarán en manos de las industrias extractivas.

“Esa sentencia, uno de cuyos argumentos es que esa prohibición podía ser expropiatoria, carece de todo sustento”, advierte Uprimny.