Caso Odebrecht: archivan proceso contra fiscal Hernández tras acusaciones de presuntas presiones de Otto Bula

En un giro inesperado dentro del interminable caso de Odebrecht en Colombia, la Comisión de Disciplina Judicial decidió archivar el proceso disciplinario en contra del fiscal Daniel Hernández, acusado de haber ejercido presiones indebidas sobre el excongresista Otto Bula.

El fiscal Daniel Hernández fue señalado por Otto Bula de haberlo intimidado para que limitara sus declaraciones en junio de 2022. Según la denuncia del excongresista, el abogado le advirtió que altos funcionarios del gobierno estaban preocupados por sus conversaciones confidenciales sobre el caso, lo que el mismo exsenador percibió como una amenaza a su seguridad y a su capacidad para colaborar con la justicia.

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Sin embargo, tras una exhaustiva investigación, la Comisión de Disciplina Judicial concluyó, el viernes 23 de agosto de 2024, que no existían pruebas suficientes para respaldar las acusaciones de Bula. En el fallo se destaca que las declaraciones del excongresista carecen de coherencia interna y no son creíbles debido a múltiples inconsistencias en su testimonio.

El documento emitido por el alto tribunal, para que una amenaza sea considerada como tal, debe ser lo suficientemente grave como para afectar el ánimo del receptor y doblegar su voluntad, algo que no se comprobó en este caso: “Considera que las declaraciones del señor Otto Bula no resultan creíbles porque, aunque contiene algunos detalles de las circunstancias en que ocurrió el posible hostigamiento, presenta inconsistencias internas”.

Además, hizo énfasis en que fue Bula quien solicitó reunirse con Hernández, y no al revés, lo que contradice la versión inicial del excongresista.

De igual manera, se descubrió que inicialmente la diligencia a la que asistió Otto Bula, programada para el 22 de junio de 2022 y tras la cual se alega que ocurrieron las supuestas presiones, estaba prevista para realizarse de manera virtual, pero el exsenador solicitó que se llevara a cabo de forma presencial, “ante lo cual no se puede desconocer que, si se hubiese realizado por este canal, no hubiera existido encuentro alguno con el fiscal; lo cual demuestra que no existía predeterminación alguna de presión u hostigamiento”.

En cuanto a la conducta del fiscal Hernández, la Comisión concluyó que el relato de Bula no resultaba creíble, ya que presentaba inconsistencias y detalles “oportunistas”.

“No existe coherencia en su relato con el de fiscal Mario Hernán Barahona Trujillo, que afirmó que fue el señor Bula quien solicitó saludar al fiscal Daniel Hernández y, que una vez allí, se saludaron cordialmente”, según se señala en el documento.

Es relevante mencionar que el funcionario de la Fiscalía también enfrenta un juicio en la Corte Suprema de Justicia, ya que este tribunal está evaluando su posible responsabilidad en los delitos de prevaricato y amenazas a testigos, tras la decisión de los magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia de rechazar una petición de nulidad.

El fiscal es investigado, según el escrito de acusación, en relación con exdirectivos de la empresa Odebrecht, específicamente, se trata de Eder Ferracuti, Mauricio Marangoni y Amilton Hideaki. Las pruebas indican que, en 2017, el fiscal Hernández solicitó órdenes de captura contra ellos, pero aparentemente nunca las gestionó a través de Interpol para que pudieran ser localizados en Brasil.

Otto Bula, exsenador originario del departamento de Córdoba, se convirtió en un testigo crucial para la Fiscalía General de la Nación en la investigación de la compleja red de corrupción vinculada a la multinacional Odebrecht. El exfuncionario proporcionó detalles significativos sobre el modus operandi de la empresa brasileña, revelando cómo se ejercía influencia en el Congreso de la República para asegurar contratos multimillonarios a favor de la firma.

Sus revelaciones permitieron a la Fiscalía desentrañar el entramado de corrupción y sobornos que Odebrecht utilizó para ganar licitaciones en Colombia. Gracias a la información que proporcionó, Bula logró un acuerdo con las autoridades, lo que resultó en una considerable reducción de su pena.

Conforme a los registros judiciales, Bula se declaró culpable de enriquecimiento ilícito y cohecho. Además, devolvió los fondos que había obtenido de manera indebida. En reconocimiento a su cooperación con la justicia, su condena fue limitada a cinco años y medio de prisión.