Alcalde de Cúcuta alertó sobre llegada masiva de venezolanos a Colombia tras el fraude electoral de Maduro: “El Gobierno debe estar atento”

Luego de que el Tribunal Superior de Venezuela confirmara el triunfo de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, pese a las denuncias de la oposición y líderes mundiales por el fraude en los comicios, hay preocupación en Cúcuta frente a lo que sería una nueva oleada de venezolanos al territorio colombiano.

Precisamente, el alcalde de la capital nortesantandereana, Jorge Acevedo, aseguró que se mantienen constantes monitoreos frente a la llegada de los ciudadanos al departamento, y aunque ha sido en menor medida, no descarta que en el transcurso del año aumente el flujo de personas en el puente fronterizo Simón Bolívar.

“Cúcuta ya ha tenido esta experiencia en otras ocasiones y nos hemos venido preparando para esta posible oleada de migrantes, pero esperamos que no se desborden las capacidades ni que sea mayor a lo que pasó en 2015 y años anteriores”, expresó el mandatario cucuteño en una rueda de prensa.

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Además, Acevedo indicó que, aunque los últimos informes de la administración municipal reportan que hay 220 mil venezolanos en la ciudad, no descartan que a finales de agosto o durante el mes de septiembre, lleguen otros sesenta mil ciudadanos para hacer su tránsito por el país.

“Cúcuta se ha visto afectada en su economía porque muchas personas no van y vienen, y la dinámica económica entre estos dos países se frenó. Esperamos que todo se solucione para reactivar la economía”, precisó.

Ante el complejo panorama, el alcalde de Cúcuta hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro para que se articulen y puedan generar estrategias que permitan no solo el éxodo de ciudadanos venezolanos, sino que se brinden las garantías necesarias para su estadía.

“El Gobierno debe estar atento al desarrollo de la dinámica migratoria en nuestro territorio, participar en los diálogos y apoyarnos financieramente (...) si la situación sigue así, nos veremos afectados, sobre todo, el comercio por la población que entra y sale de la ciudad para hacer alguna inversión en la ciudad”, afirmó Jorge Acevedo.

Por su parte, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, hizo una petición al presidente Gustavo Petro para que se declare la emergencia migratoria en el país, ya que la confirmación del régimen de Nicolás Maduro por parte de la justicia venezolana desencadenaría en una nueva movilización de ciudadanos del vecino país a territorio colombiano.

“Este tema va a agudizarse, ya hay respuesta del tribunal, no tengo duda que las condiciones se van a poner más complejas, es un sistema democrático fallido y eso va a tener repercusiones importantes en el departamento”, expresó el mandatario guajiro en declaraciones a los medios de comunicación.

Adicionalmente, recordó que la atención de salud se adeudan por parte del Gobierno 178.000 millones de pesos, y en todas las necesidades que se desprenderían se debería hacer una destinación de 1 billón de pesos, en este sector y otros como educación y servicios públicos.

De acuerdo con el reporte de Migración Colombia, con corte a febrero de este año, se registró una disminución en la entrada de venezolanos a Colombia. “Durante el período entre 2022 y 2023, se registró una reducción del 1,10 %, equivalente a 32 mil personas. Este declive, el primero en una década, refleja los resultados de la política de reanudación de relaciones implementadas entre Colombia y Venezuela, y otros fenómenos relevantes”, mencionó Fernando García, director de Migración Colombia.

El directivo sostuvo que en diciembre de 2022, el país recibió la mayor cantidad de venezolanos, cuando hubo un total de 2.867.748 ciudadanos del vecino país; no obstante, aseguró que, con las medidas adoptadas por ambas naciones, se ha presentado una reducción significativa en la entrada de personas por los pasos fronterizos en Norte de Santander, La Guajira, Arauca, entre otros.

De otro lado, el Gobierno colombiano anunció que regularizará a unos 540.000 migrantes venezolanos, con el objetivo de que esta población se le proteja sus derechos y acceder a los servicios de salud y educación en el país.