A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro lanzó críticas contra los opositores que señalan que una nueva reforma tributaria es inconveniente para el país, teniendo en cuenta factores como el IPC y lo que demora el proceso de reactivación económica. Petro comparte una columna de Rodrigo Uprimny publicada por El Espectador en que se lanza una crítica contra la Corte Constitucional por haber aceptado demandas en contra de artículos específicos de la reforma tributaria con la que Petro inició el Gobierno el plan de financiamiento para sus reformas.
“Nuestra Corte Constitucional parece estar entrando en una suerte de era Lochner por decisiones que están dando al traste con la reforma tributaria de Petro, que precisamente buscaba una mayor justicia tributaria. La primera de ellas fue la sentencia C-489/23, que declaró inconstitucional la prohibición de la deducción de las regalías, con lo cual privó al Estado de unos seis billones de pesos anuales, que ahora quedan en manos de las industrias extractivas. Esa sentencia, uno de cuyos argumentos es que esa prohibición podía ser expropiatoria, carece de todo sustento”, expone Uprimny en el texto.
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Ahí Petro aprovechó para señalar que tal reforma contribuyó, según él, a establecer mejores condiciones para la sociedad, reduciendo las tasas de desigualdad en el país.
“Tumbar la reforma tributaria hecha, siguiendo la constitución de 1991 de manera progresiva, es decir cobrando impuestos a los que más tienen: los dueños del carbón de exportación y del petróleo, simplemente es un suicidio económico de un anacronismo total. Olvidar por completo que estamos en la época de máxima desigualdad y de crisis climática producida por los fósiles. Se nos olvidó que el estallido social se produjo por ponerle impuestos a la sopa”, señaló el presidente de la República.
Ávaro Uribe arremetió contra posible nueva reforma tributaria
“Puede ser que ahora se alcance a pagar impuestos, pero son insostenibles. No habrá manera de pagarlos en nuevas ocasiones. Esto acabará con la inversión productiva, con el empleo, con las posibilidades de la clase media. La nación se llenará de contribuyentes morosos y los municipios también dado el avalúo del catastro multipropósito”, dijo Uribe en un video publicado en X el 23 de agosto.
Del mismo modo, en un video publicado en la misma red social abordó este tema con más profundidad indicando que: “Los colombianos asfixiados por los impuestos y el Estado inundado por el derroche, puede que haya dinero para pagar los impuestos en esta ocasión, pero con ese nivel tan alto, con los esfuerzos que están haciendo los ciudadanos, además, endeudándose para cumplirle al Estado no va a ver manera de pagar esos impuestos en ocasiones futuras”, dijo el expresidente Uribe.
“Entonces que va a ocurrir: se paraliza la inversión, se frena la generación de empleo, se marchitan las posibilidades de la clase media, el Estado va a llenarse de contribuyentes forzosos, no porque no quieran pagar sino porque no pueden pagar y también los municipios, los municipios verán crecer todos los días su cartera morosa de los contribuyentes de catastro por el error de ese catastro multipropósito tan elevado, Colombia necesita bajar los impuestos y necesita eliminar el derroche en el sector público”, concluyó el exjefe de Estado.
Sin embargo, persisten las inquietudes sobre el impacto de la reforma en los contribuyentes individuales. Según el director de la Dian, Jairo Orlando Villabona, quien reemplazó a Luis Carlos Reyes en el cargo, ciertos beneficios fiscales se eliminarían. Villabona afirmó que el IVA no sufrirá modificaciones y que la base de contribuyentes no se ampliará. También aclaró que el impuesto del 4x1.000 no será eliminado debido a la necesidad crítica de controlar adecuadamente la evasión fiscal.
Así mismo, el director de la Dian explicó que muchos beneficios fiscales actuales están debilitando la base tributaria y que, para otorgar nuevos beneficios, se debe realizar un análisis riguroso de costo-beneficio. Además, sugirió que, si dependiera de él, incentivaría la industria y la agroindustria, reduciría el impuesto para las empresas del 35% al 25% y eliminaría la mayoría de los beneficios fiscales. No obstante, subrayó que estas ideas no forman parte del actual proyecto de reforma.