Mujeres tendrán que esperar otros doce años para pensionarse con 1.000 semanas cotizadas: esto dice la reforma de Petro

A partir del 1 de julio de 2025 entrará en vigor en Colombia la esperada Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional de Gustavo Petro.

Con esta, basada en un sistema de pilares (semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario) el presidente busca mejorar las condiciones para que las mujeres accedan a este beneficio. Entre los cambios más destacados, se prevé una reducción gradual en el número de semanas de cotización requeridas para las trabajadoras.

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En la actualidad, el sistema exige 1.300 semanas de cotización para obtener la pensión, pero con la nueva aplicación se plantea un descenso progresivo hasta llegar a 1.000 semanas, específicamente, para las mujeres. Con esto se busca reducir la disparidad en comparación con los hombres, que continuarán con el requisito vigente.

La ley establece que la reducción no será inmediata. La disminución será así:

• 25 semanas menos a partir de 2025, lo que implica que en ese año las mujeres deberán cotizar 1.275 semanas para acceder a la pensión.
• Cada año se recortarán 25 semanas adicionales.
• Se culminará en las 1.000 semanas proyectadas hacia 2036.

Además, otra de las disposiciones contempladas en la reforma es la posibilidad de reducir hasta en 150 semanas la cotización exigida para aquellas mujeres que tengan hijos. Específicamente, por cada uno podrán descontar 50 semanas del total requerido, con un límite de tres hijos.

La nueva norma tiene entre sus objetivos primordiales fomentar mayor equidad de género en el ámbito laboral y previsional. Las expectativas respecto a esta reforma apuntan a mejorar las condiciones económicas y sociales de muchas trabajadoras colombianas, quienes históricamente enfrentaron mayores desafíos para alcanzar las condiciones necesarias para la jubilación.

No obstante, el proceso de aplicación podría enfrentar obstáculos legales, ya que existen más de 15 demandas en la Corte Constitucional en contra de la reforma que podrían retrasar o modificar su aplicación. Ya el alto tribunal admitió una, la de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Dentro de lo establecido en el Artículo 90 de la Ley 2381, que creó el Comité Operativo de Transición de la reforma pensional, se desarrolló la primera sesión de este importante espacio.

El objetivo principal de este comité es hacer seguimiento a la puesta en marcha del nuevo Sistema Integral de Protección a la Vejez, la Invalidez y la Muerte, principalmente, en su componente tecnológico de información para que la migración de los datos se surta entre cada uno de los actores del sistema, especialmente entre las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y Colpensiones. Es decir, que la ciudadanía podrá contar a partir del 1 de julio de 2025 con un sistema integral de protección a la vejez con todas las garantías para su funcionamiento.

Durante el encuentro que tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio del Trabajo, participaron representantes de cada uno de los fondos de pensiones, Asofondos, asociación que los agrupa; de los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público; la Superintendencia Financiera y Colpensiones.

Según resaltó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, este comité transitorio tendrá una duración de 18 meses, prorrogables por seis meses más.

“Si bien el artículo 90 establece que el comité se deberá reunir por lo menos una vez al mes, en esta fase inicial, en virtud de la necesidad y la importancia del mismo, se acordó convocar una vez por semana. Durante este período de transición el comité hará seguimiento y realizará informes sobre el avance de la transición de la operación”, informó.

Con el inicio del comité se busca garantizar a la ciudadanía que el 1 de julio del 2025 se cuente con el sistema operativo de información y de sistemas de las administradoras del componente de ahorro individual y de Colpensiones, que le garantice los derechos a los ciudadanos y ciudadanas en el marco de la nueva ley pensional.

El nuevo sistema integral, incluyente y con enfoque de género, permitirá incrementar para el año 2052 un 63% la cobertura del régimen de protección integral para la vejez y transformar las vidas de los y las adultas mayores menos favorecidas del país.