Fico Gutiérrez reaccionó al retiro de su esquema de seguridad: “Yo veo cómo me cuido y cuido a mi familia”

La Unidad Nacional de Protección desmontó más del 50% del esquema del mandatario local

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El alcalde de Medellín mostró su inconformidad ante la situación - crédito Colprensa
El alcalde de Medellín mostró su inconformidad ante la situación - crédito Colprensa

Luego de que la Unidad Nacional de Protección, UNP, informara que deseaba desmontar gran parte del esquema de seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el mismo mandatario informó que ya le llegó la resolución de la entidad en la que le notificaron que el 50% de su equipo de seguridad será desmontado.

La Unidad Nacional de Protección, en primera instancia, le dijo al mandatario local que le va a quitar dos carros blindados y solo se le dejará a una persona por parte de la entidad que se ocupe de la seguridad del mandatario local.

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“Nos llega ya la resolución de la UNP, donde nos desmonta la seguridad a través de la UNP en más de un 50 %. Ellos verán, yo aquí voy a seguir hablando, no nos van a callar, háganle, no se preocupen. Yo veo cómo me cuido y cuido a mi familia”, indicó Federico Gutiérrez.

De acuerdo con información de Blu Radio, la decisión fue apelada por el distrito, y la entidad, que pretendía realizar una tercera mesa de evaluación, finalmente determinó desmontar la mayoría del esquema de seguridad del alcalde de Medellín, quien finalmente quedó con un vehículo y una persona perteneciente a la UNP.

Solo se quedó con una persona de la UNP y una camioneta - crédito Alcaldía de Medellín
Solo se quedó con una persona de la UNP y una camioneta - crédito Alcaldía de Medellín

La reposición realizada por la Alcaldía de Medellín, en primera instancia, se hizo con copia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto debido a que Gutiérrez es una persona catalogada con el nivel de riesgo extraordinario desde hace varios meses, y siempre tuvo su esquema de seguridad completo sin importar las evaluaciones que se le realizaron.

A pesar de la decisión de la Unidad Nacional de Protección, el alcalde de la ciudad tendrá a su disposición un amplio acompañamiento de los uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con el fin de evitar una situación que pongan en riesgo su integridad y la de su familia.

“¿Qué más podemos hacer si la UNP es una entidad del gobierno?, pero yo si les digo una cosa, mientras a los líderes de la oposición en Colombia nos tratan de amenazar desmontando esquemas de seguridad, a los peores criminales les refuerzan el esquema y les dan licencia para delinquir, el país al revés y el mundo al revés, así es como estamos hoy en Colombia”, agregó el mandatario local este viernes.

La entidad aseguró que Gutiérrez había tenido un refuerzo en su esquema de seguridad debido a su participación en las elecciones presidenciales de 2022; sin embargo, tras evaluar su vulnerabilidad actual, el riesgo se ha reducido en gran medida.

La UNP considera que es una persona que no tiene un elevado riesgo - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE
La UNP considera que es una persona que no tiene un elevado riesgo - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Qué hubiera dicho el presidente Petro siendo oposición en un gobierno pasado si le hubieran disminuido el esquema de seguridad... ahora bien, ellos tienen esa competencia, ellos verán y yo si quiero dejar constancia de que si le pasa algo a mí o a nuestra familia es responsabilidad del Gobierno del presidente Petro”, añadió el alcalde de Medellín.

Esta misma semana, el pasado 21 de agosto, un hecho que también generó polémica fue la aprobación del Tribunal de Cundinamarca de una demanda interpuesta por el abogado Camilo Araque Blanco, que pide eliminar los esquemas de seguridad de 45 concejales de Bogotá, pues no hay pruebas de que estos funcionarios pongan en riesgo sus vidas en el desarrollo de sus labores.

“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió acción popular por presunta vulneración del patrimonio público en asignación de esquemas de seguridad a concejales de Bogotá, tras considerar que la demanda no cuestiona la legalidad de ningún contrato o acto administrativo específico, sino que se centra en la manera en que se están llevando a cabo los estudios de seguridad que permiten dicha asignación”, se lee en el documento de admisión de la demanda

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