Funcionaria del Ministerio del Interior afirma que fue despedida tras denunciar un caso de acoso en su contra

Amelia Cotes, quien se desempeñó hasta hace unos días como la directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, denunció en su cuenta de X haber sido retirada de su cargo tras denunciar acoso laboral y lavado de activos en la entidad.

La funcionaria, quien destacó que se encuentra en situación de lactancia y es madre cabeza de familia, señaló que su despido constituye un acto de discriminación y una frente a su dignidad.

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Cotes afirmó que la comunicación de su destitución fue firmada por el propio ministro Juan Fernando Cristo, lo cual, a pesar de ser común en cargos de libre nombramiento y remoción, en esta ocasión representa una injusticia dada su situación personal y las denuncias que ha hecho.

“Esto no es noticia en cargos de libre nombramiento y remoción; sin embargo, constituye una afrenta a la dignidad y un acto de discriminación que esto ocurre luego de denunciar acoso laboral”, expresó Amelia Cotes.

La exdirectora también aseguró que había denunciado actos de corrupción y posibles casos de lavado de activos dentro de la entidad. Tras comunicar estos hechos, expresó sentir una presión considerablemente intensa. “Denuncié acciones de corrupción y presunto lavado de activos que encontramos en la Dirección y que fueron puestos en conocimiento del ministro, quien abiertamente indica ‘no soy petrista, soy liberal a secas’”, detalló.

En sus declaraciones, Cotes lamentó el tratamiento recibido en un gobierno que, según ella, promueve ideales contrarios a su experiencia. “Lamento que a los/as petristas, en especial a las mujeres, se nos acorrale justo en nuestro propio gobierno, contrario a lo mandado por usted. Estamos abiertos al Acuerdo Nacional, pero jamás a ceder en la vocación de poder por la cual hemos puesto nuestra visión sin avaricia ni soberbia”, añadió.

La exfuncionaria también expresó su intención de llevar el caso por la vía legal para defender sus derechos. Asegurándose de estar familiarizada con la vía judicial necesaria para tal fin. “Conozco los medios judiciales para defender mis derechos; por tanto, este escrito busca recomponer la política y mediar caminos de no repetición. La lucha por la justicia social no cesa; seguiremos haciendo camino, aunque las trochas nos den espinos”, concluyó.

En sus publicaciones, se mostró determinada a continuar su lucha por la justicia social y los derechos laborales, enfrentando así su situación actual mediante todos los recursos legales disponibles.

Por el momento el ministro del Interior Juan Fernando Cristo no se ha pronunciado acerca de esta denuncia que deja el nombre de la cartera en entredicho en cuanto al manejo que se le da a este tipo de casos al interior de la entidad.

La Corte Constitucional ordenó el reintegro de una trabajadora universitaria, que alegó que la no renovación de su contrato fue una represalia por denunciar acoso laboral. La situación, según el fallo del tribunal, constituye una violación a los derechos fundamentales de igualdad y trabajo en condiciones dignas.

El caso involucra a una empleada con más de 12 años de servicio y un historial de desempeño favorable en la institución educativa. La trabajadora presentó una queja ante el comité de convivencia de la universidad por acoso laboral contra su jefe, pero dicha queja no fue tramitada. Posteriormente, la universidad optó por no renovar su contrato de trabajo.

Ante esta situación, la mujer de quien no se reveló la identidad, interpuso una acción de tutela. La Corte Constitucional no pudo confirmar si la denunciante fue víctima de acoso laboral, pero en su fallo ordenó al Ministerio del Trabajo que realizara un estudio con perspectiva de género acerca de los hechos y su contexto.

La Corte consideró que los indicios señalaban una posible represalia al no renovarse el contrato de la trabajadora. La institución educativa estaba obligada no solo a reintegrar a la exfuncionaria al cargo que ocupaba, sino también a pagarle los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde su desvinculación.

Además, el tribunal observó que existía un patrón de comportamiento denominado “violencia de segundo orden o violencia de género aislante”, que se refiere a la violencia ejercida contra quienes apoyan a las víctimas de violencia de género, con el fin de mantenerlas separadas y vulnerables.

Además del reintegro y compensación a la trabajadora, la Corte Constitucional ordenó a la universidad realizar un diagnóstico del ambiente laboral con enfoque de género. El objetivo de esta medida es identificar y adoptar las acciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro y saludable para todos los empleados de la universidad.

Esta sentencia pone de relieve la importancia de atender las denuncias de acoso laboral y de proteger los derechos laborales y de igualdad de las personas afectadas. Por lo tanto, la universidad deberá implementar medidas que aseguren una convivencia respetuosa y libre de acoso en el ambiente laboral.