Descubren vínculos entre Alberto Aroch y su presunto testaferro sobre predio que habría sido arrendado a la UNP

Una reciente investigación ha destapado una compleja red de relaciones comerciales y financieras entre la Unidad Nacional de Protección (UNP), una importante empresa inmobiliaria y Alberto Aroch Mugrabi, un empresario colombiano actualmente procesado por enriquecimiento ilícito.

La investigación realizada por el medio El Tiempo se centra en la conexión entre Aroch y Daniel Espinosa Cuéllar, el representante legal de La Floresta y Cía S en C, empresa que arrendó una lujosa sede en Bogotá a la UNP. Esta propiedad, valorada en varios millones de pesos, sigue registrada a nombre de laboratorios Roche, dado que la transacción no ha sido completada.

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El vínculo entre Espinosa y Aroch ha generado preocupación tanto en el sector privado como en las autoridades. A lo largo de las investigaciones, Espinosa ha negado cualquier rol de testaferro, aunque reconoció su amistad de décadas con Aroch. Según su versión, hace tres años Aroch solicitó ayuda financiera, ya que sus bienes estaban embargados, lo que lo llevó a venderle los derechos litigiosos de una disputa inmobiliaria.

De acuerdo con la investigación del medio citado, Espinosa adquirió estos derechos por 4.500 millones de pesos, correspondientes a una disputa con el arquitecto Augusto Salazar, relacionada con la liquidación de unas bodegas en la calle 13 de Bogotá. Espinosa sostiene que Aroch le prometió devolverle el dinero utilizando los fondos que Salazar debía por su participación en dichas bodegas.

Augusto Salazar, un conocido arquitecto y desarrollador del centro comercial Gran Estación, también está implicado en este complejo entramado. Según el rotativo de Bogotá, la disputa entre Aroch y Salazar, que involucra sumas significativas de dinero, fue sometida a un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual ya ha dictado un fallo.

Durante una audiencia virtual, Espinosa admitió haber alterado la contabilidad de su empresa como parte de un esquema de triangulación de fondos vinculado a las investigaciones sobre Aroch. Espinosa declaró que los fondos entregados por Salazar fueron registrados como una inversión en un proyecto inmobiliario, cuando en realidad correspondían al pago de una deuda que Aroch tenía con él.

El medio citado destaca que Espinosa justificó la manipulación contable alegando que la idea de encubrir los verdaderos motivos de los movimientos financieros no fue suya, sino de los socios de Aroch, quienes temían posibles repercusiones legales tras el estallido del escándalo.

A pesar de ello, Espinosa aseguró que el fallo arbitral fue favorable para él, y que está dispuesto a colaborar con las autoridades en lo que sea necesario.

En su defensa, Luis Fernando Salazar, abogado de Augusto Salazar, explicó que el litigio en cuestión estaba relacionado con la liquidación de la compra y venta de unos terrenos adquiridos antes de que comenzaran las investigaciones contra Aroch.

Afirmó que estos negocios se realizaron en una época en que Aroch era considerado un empresario respetable en Colombia. Además, Salazar subrayó que cumplieron con el laudo arbitral, aunque el monto final fue inferior al exigido inicialmente.

Paralelamente, Augusto Rodríguez, director de la UNP, fue consultado por El Tiempo sobre el contrato de arrendamiento de la sede en cuestión y aseguró que el acuerdo incluye una cláusula que protege a la entidad de cualquier reclamación, demanda o acción legal por parte de terceros debido a las acciones del arrendador.

Rodríguez también señaló que existe una póliza que cubre el contrato por 50.476 millones de pesos, con una duración de dos años y medio, lo cual garantiza la seguridad financiera de la UNP frente a cualquier eventualidad.

En cuanto a Roche, de acuerdo con el medio que realizó el informe, la empresa ha asegurado su intención de tomar las acciones legales necesarias para proteger sus intereses, dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos. Aunque la transacción original con La Floresta y Cía S en C no ha sido completada, la multinacional sigue siendo la propietaria de la sede arrendada por la UNP, lo que añade otra capa de complejidad al caso.