Thomas Greg & Sons y el Gobierno Petro fueron citados a una mesa de trabajo: Procuraduría busca conciliación

La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa de trabajo entre la Cancillería y la empresa Thomas Greg & Sons para buscar una solución al conflicto relacionado con el contrato para la expedición de pasaportes. La reunión se llevará a cabo el martes 27 de agosto luego de las 3 de la tarde.

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Esta intervención fue solicitada tanto por el Gobierno como por la empresa, quienes consideran necesario el acompañamiento de un delegado de la Procuraduría para mediar en el proceso y lograr un acercamiento que desemboque en un acuerdo sobre la disputa legal vigente.

El conflicto entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons surgió debido a una demanda presentada contra la Nación por temas relacionados con el contrato de expedición de pasaportes, el cual finaliza el lunes 2 de octubre. Existe preocupación por parte de ambas entidades de que el término del contrato sin una solución afecte el servicio de emisión de pasaportes en el país.

El documento de citación detalla que el objetivo de la mesa de trabajo es definir una solución a las controversias legales derivadas del proceso de licitación.

“Acompañamiento con miras a definir una solución a las controversias legales que se han presentado, derivadas del desarrollo de la licitación de la referencia, y en cumplimiento de la función encomendada al suscrito Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa, me permito convocar a las partes a una mesa de trabajo a fin de propiciar un acercamiento entre estas para buscar solución al conflicto presentado”, se lee en el documento.

Por su parte, el procurador delegado con funciones mixtas 6 para la Conciliación Administrativa, Luis Ramiro Escandón Hernández, será la persona encargada de presidir la mesa de trabajo. Se espera que durante la sesión, ambas partes hablen de su postura sobre el conflicto y planteen alternativas de solución. El espacio de trabajo será presencial en las instalaciones de Ministerio Público.

Durante la reunión, el procurador delegado escuchará las observaciones y propuestas de ambas partes involucradas para resolver la disputa. Además, se espera que estas presenten las alternativas viables para evitar la interrupción del servicio de pasaportes que afectaría a muchos ciudadanos.

La Procuraduría hará las veces de intermediario en esta sesión, buscando que las partes lleguen a un acuerdo que permita la continuidad del servicio. Se trata de un esfuerzo coordinado para impedir posibles impactos negativos sobre la ciudadanía y asegurar que los procesos de emisión de pasaportes no se vean interrumpidos a causa del litigio.

La tensión sobre este tema ha suscitado diversas reacciones y se espera que el diálogo convocado logre aunar intereses en pro de una solución efectiva para todas las partes.

La compañía, que había sido la encargada de este servicio por 17 años, elevó una demanda de más de 100 mil millones de pesos contra el Estado por incumplimiento de contrato.

Thomas Greg & Sons argumenta que la suspensión de la licitación fue irregular, lo que añadió incertidumbre respecto a quién se encargará de la impresión de los pasaportes a partir del 2 de octubre de 2024, fecha en que finaliza el contrato vigente. Por su parte, la Imprenta Nacional, programada para asumir esta tarea en septiembre de 2025, aún no está lista para emprender la producción inmediatamente después de dicha fecha.

Como medida alternativa, se ha explorado la posibilidad de que un país aliado fabrique temporalmente los pasaportes y los envíe a Colombia, garantizando la continuidad del servicio mientras la Imprenta Nacional se prepara adecuadamente.

Este conflicto se agrava aún más dado el riesgo real de que Colombia se quede sin un proveedor claro de pasaportes justo después de la conclusión del contrato con Thomas Greg & Sons. En vista de las dificultades, en la mañana del 22 de agosto se conoció que el canciller Luis Gilberto Murillo buscó la manera de acercarse a la empresa para evitar que el conflicto que puede costarle 117.000 millones de pesos al Gobierno escale.

Los esfuerzos de mediación de la Procuraduría y la búsqueda de soluciones temporales internacionales son pasos cruciales para resolver este problema antes de que la situación se agrave aún más con la llegada de las fechas límites establecidas en los contratos actuales.