Gremio exportador cuestiona ‘doble moralidad’ del Gobierno: “¿Por qué no hay medidas contra Rusia y Venezuela?”

En una crítica contundente hacia la reciente política del Gobierno Petro, Javier Díaz, presidente de Analdex, cuestionó la prohibición de exportación de carbón a Israel implementada mediante un decreto. Durante su intervención en el Congreso Nacional de Exportadores, Díaz señaló que la medida, adoptada por razones que él considera morales, podría enfrentar serios desafíos legales y prácticos.

“El Gobierno, por consideraciones morales, no puede hacer lo que está haciendo. Seguramente ese decreto se va a caer, pero creó el daño, creó incertidumbre”, afirmó Díaz, quien argumentó que las decisiones sobre comercio deberían basarse en consideraciones comerciales y no en juicios morales. Según él, el decreto, que prohíbe la exportación de carbón a Israel en respuesta a las muertes en Palestina, introduce una serie de problemas y contradicciones.

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Díaz destacó que, si bien la medida busca condenar la violencia en Palestina, resulta incoherente no aplicar criterios similares a situaciones de conflicto en otros países, como Rusia y Venezuela. “Hemos considerado que este es un decreto inconstitucional, en la medida que estas materias deberían ser normadas por el Congreso, que tiene la facultad para normar el comercio exterior”, agregó Díaz, cuestionando la autoridad del Ejecutivo para dictar tales medidas.

Además de las preocupaciones legales y morales, la prohibición de exportar carbón podría tener consecuencias económicas significativas. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) estimó que la restricción podría resultar en una pérdida fiscal de aproximadamente $650.000 mil millones en impuestos, regalías y contribuciones. Esta cifra tiene un impacto particular en las regiones de La Guajira y el Cesar, que podrían dejar de recibir más de $100.000 millones, una suma comparable al 31% de la contribución fiscal del sector TIC y al 20% del aporte del sector de la construcción.

La ACM cuestionó abiertamente la constitucionalidad del reciente decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel, alegando que este infringe los artículos 150 y 189 de la Constitución Política, que definen las competencias del Congreso y del Presidente en materia de comercio exterior y tratados internacionales.

El decreto también tiene implicaciones directas sobre el Plan Nacional de Desarrollo, un documento fundamental que establece las prioridades económicas y sociales del país. La medida podría generar conflictos con varios Tratados de Libre Comercio, incluidos los acuerdos con Suiza y Estados Unidos, que protegen las exportaciones colombianas, incluido el carbón. Estos tratados establecen que las restricciones comerciales solo son aceptables en circunstancias muy específicas, lo que hace que la nueva medida del gobierno sea particularmente problemática.

Además, la ACM resaltó la falta de consulta previa con la ciudadanía y los grupos de interés antes de la firma del decreto. “La firma de este Decreto refleja que el Gobierno no tiene en cuenta los comentarios de la ciudadanía y los grupos de interés, lo cual es preocupante en una democracia que debe fortalecer la participación efectiva”, afirmó Juan Camilo Nariño presidente de la ACM, señalando la necesidad de involucrar a los sectores afectados en la toma de decisiones.

La industria del carbón desempeña un papel crucial en la economía colombiana, especialmente en un momento en que el país está intentando recuperarse de los efectos de la pandemia. La ACM señaló que el carbón representa una parte significativa del aporte fiscal del país por lo tanto, la prohibición de exportar carbón a Israel podría afectar gravemente uno de los motores económicos más importantes del país.

En respuesta a esta situación, la ACM instó al gobierno a reconsiderar la medida, argumentando que sus consecuencias podrían ser perjudiciales tanto para la industria minera como para la economía en general. La asociación enfatizó la importancia de mantener un entorno de negocios estable y predecible para asegurar la confianza de los inversionistas y fomentar un crecimiento económico sostenible.