Durante su intervención en el Congreso Nacional de Exportadores de Analdex, que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó categóricamente que no se contemplan más incrementos en el costo de los peajes en lo que resta de 2024. Bonilla explicó que, tras analizar detenidamente la situación económica actual y su impacto en la movilidad y el transporte de mercancías, el gobierno decidió mantener las tarifas de los peajes sin cambios adicionales para evitar una carga financiera extra tanto para los transportadores como para los ciudadanos en general.
Bonilla afirmó: “el precio de los peajes está ajustándose y este año no hay más ajustes, lo que queda es para el año entrante”. El aumento que aún está por aplicarse equivale al 50% de la tasa de inflación registrada el año pasado, la cual alcanzó el 9,28%. Este ajuste pendiente se debe a que, el 1 de agosto, el Ministerio de Transporte aprobó un incremento del 4,64% en las tarifas de los peajes, reflejando solo una parte del total correspondiente a la inflación anual.
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La determinación de incrementar las tarifas de los peajes únicamente en un 50% de lo que correspondía originalmente se adoptó con el objetivo de apoyar la tendencia a la baja de la inflación en el país, según el Ministerio. En julio, la inflación anual se situó en un 6,86%, y este enfoque moderado buscaba “contribuir a mantener y fomentar su descenso continuo. Al limitar el aumento de los peajes, se pretende minimizar el impacto en los costos de vida y ayudar a estabilizar el entorno económico, favoreciendo tanto a los consumidores como a los sectores productivos”.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) sostiene que los peajes no influyen en la inflación, dado que sus tarifas se actualizan anualmente, tomando como referencia la tasa de inflación del mismo periodo. En este sentido, las variaciones en los precios de los peajes están alineadas con los índices inflacionarios existentes, evitando así un impacto directo en el nivel general de precios.
Por su parte, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, alertó sobre las consecuencias económicas de no aplicar el incremento pendiente del 4,64% en las tarifas de los peajes. Según Rodríguez, omitir este ajuste resultaría en un déficit de aproximadamente 410.000 millones de pesos para el presente año. Este monto se sumaría a los 610.000 millones de pesos que el Gobierno nacional ya adeuda a las concesiones viales debido al congelamiento de las tarifas durante 2023.
El titular de la cartera económica también reveló que ya están trabajando en los ajustes para el presupuesto del año 2025, aunque destacó que las inflexibilidades ocupan el 92% de los recursos previstos para el próximo año. Debido a esta restricción, algunos sectores experimentarán una reducción en sus asignaciones presupuestarias, ya que la prioridad principal será la reducción de la deuda pública.
Así mismo, señaló la necesidad de revisar estas inflexibilidades en el futuro para abrir espacio a otras iniciativas. Explicó que el mayor obstáculo es el pago de la deuda, que limita significativamente los fondos disponibles para la inversión en proyectos de desarrollo. Para 2025, el presupuesto destinado al pago de deuda aumentará a $95,1 billones, mientras que los recursos para inversión se reducirán de $99 billones a $81 billones.
El ministro explicó que, además del pago de la deuda pública, existen otros compromisos financieros que son igualmente prioritarios y deben ser atendidos con los recursos disponibles. Mencionó específicamente la importancia de la opción tarifaria, que es esencial para mantener la estabilidad económica y fiscal del país, así como las vigencias futuras, que son obligaciones financieras a largo plazo ya adquiridas por el gobierno