![ARCHIVO - El excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Rodrigo Londoño | (AP Foto/Iván Valencia, Archivo)](https://www.infobae.com/new-resizer/uEHM1rGdb8tS1f0jcGJOxhbKego=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/I7M6LEIYYPZECXSV2QKRD5FH2U.jpg 420w)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa examinando los hechos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Este miércoles, la Sala de Amnistía o Indulto entrevistó a Rodrigo Londoño, conocido durante su tiempo como líder de la extinta guerrilla de las Farc bajo el alias de ‘Timochenko’, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana W Radio.
La sesión se centró en evaluar la posibilidad de concederle amnistía a Londoño por el delito de terrorismo, en relación con las amenazas lanzadas por las Farc contra funcionarios públicos en los departamentos de Santander y Norte de Santander en junio de 2002.
![JEP - crédito JEP](https://www.infobae.com/new-resizer/0OfCjSu0mcNf3aUV6W1_MMKbYUk=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3HNDQYIRMVBONF5UCMDJX5N2H4.png 420w)
El proceso analizado en la entrevista se refiere a una serie de intimidaciones emitidas por la guerrilla, bajo la dirección de Manuel Marulanda, que exigían la renuncia inmediata de alcaldes, inspectores, jueces, fiscales y otros funcionarios en un plazo de 72 horas.
De no cumplir con la demanda, serían considerados “objetivos militares” por la organización guerrillera. Esta estrategia tenía como objetivo principal desestabilizar la gobernabilidad en la región, según lo explicó Londoño durante su comparecencia ante la JEP.
La magistrada Marcela Giraldo Muñoz, quien lideró la entrevista, detalló que estas amenazas resultaron en el desplazamiento forzado del alcalde de El Tarra, así como en la renuncia masiva de concejales en municipios como Ragonvalia, Gramalote, Lourdes, Alborada y Cucutilla, entre otros. La situación generó un clima de ingobernabilidad en Santander y Norte de Santander, acorde con los objetivos trazados por el secretariado de las Farc.
Durante la audiencia, Londoño confirmó que estas directrices provenían directamente de Manuel Marulanda, conocido como ‘Tirofijo’, líder máximo de las Farc. No obstante, negó que estas decisiones fueran tomadas en reuniones plenarias del secretariado, argumentando que los altos mandos del grupo no se reunían desde el año 2000. Este detalle es crucial para la JEP, ya que influye en la determinación de la responsabilidad colectiva o individual en los actos de violencia cometidos por la guerrilla.
![El excomandante de las Farc Rodrigo Londoño expresó su compromiso de paz ante la JEP - crédito JEP](https://www.infobae.com/new-resizer/3Q2uxmg418O8Ns0lrNDowHcdaqo=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/VJVPHBZWXJAHJOZ3YBN5MJQQGU.jpg 420w)
La comparecencia de Londoño forma parte de la recopilación de información por parte de la JEP, que se encuentra en la fase de evaluación para decidir si procede concederle la amnistía por los hechos en cuestión o si, en su defecto, el caso debe encaminarse hacia otro proceso dentro de la misma Jurisdicción.
Esto podría incluir el macrocaso 10, el cual se centra en los crímenes no amnistiables cometidos por las Farc, con el objetivo de juzgar aquellos actos que no pueden ser perdonados bajo la ley de amnistía.
JEP analizará las medidas de orden público del Gobierno Petro en dos departamentos
Frente a la oleada de violencia que se presenta en el suroccidente colombiano, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) convocó al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, y a las Gobernaciones de Cauca y Valle del Cauca, para que adelanten una audiencia pública que brinde medidas suficientes para garantizar la seguridad de las poblaciones de ambos departamentos.
“La situación de inseguridad que afecta al norte del Cauca y sur del Valle del Cauca exige acciones contundentes que permitan reducir, o en su defecto, minimizar el riesgo al que se enfrentan constantemente tanto el pueblo indígena como el pueblo negro y afrocolombiano”, explicó la JEP en un comunicado.
Según el tribunal, los hechos de violencia afectarían a personas involucradas en el macrocaso 05, que se refiere a la investigación que adelanta la jurisdicción frente a los crímenes cometidos en esta parte del país durante la época del conflicto armado.
“Este contexto prende las alarmas sobre las afectaciones en los territorios priorizados en la investigación del caso 05, exponiendo a los colectivos étnicos y sus representantes judiciales a un riesgo extraordinario que pone en peligro la vida, la integridad, la libertad y la autonomía de cientos de miles de indígenas y afrocolombianos”, sostuvo la JEP.
Las entidades citadas para esta audiencia fueron los ministerios del Interior, Defensa, Ambiente, Salud y Agricultura, así como la Unidad Nacional de Protección (UNP), Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Icbf, Defensoría del Pueblo, la oficina del Alto Comisionado para la Paz y las gobernaciones del Cauca y del Valle del Cauca, respectivamente.
Este encuentro se realizará los días 10 y 11 de septiembre del 2024 en la ciudad de Popayán, Cauca.