Por congelamiento de tarifas de peajes, el Gobierno podría pagar $1 billón, advirtió la Contraloría

En respuesta al congelamiento de las tarifas de peajes ordenado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 050 de 2023, la Contraloría General de la República emitió una advertencia dirigida al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a los concesionarios viales, instando a la pronta implementación de acciones necesarias para cumplir con los compromisos establecidos en los contratos de concesión.

La medida gubernamental, que congeló las tarifas de peaje como parte de un esfuerzo por mitigar riesgos inflacionarios, ha generado preocupaciones sobre su impacto económico en las concesiones viales.

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Según la Contraloría, este decreto ha activado un riesgo significativo de menor recaudo en los peajes gestionados por la ANI, lo que ha obligado a la entidad a considerar la compensación económica a los 38 concesionarios viales afectados. La falta de ajuste en las tarifas de peaje ha privado a estos concesionarios de los ingresos previstos por el incremento anual de las tarifas, lo que podría generar problemas financieros a largo plazo.

“Se corre el riesgo de que para los once (11) contratos concesionados viales de Iniciativa Privada (IP) vigentes, la afectación pueda ser aún mayor, dado que no tienen desembolso de recursos públicos y la recuperación de la inversión depende exclusivamente del recaudo de las tarifas de peaje,” advirtió la Contraloría. Estos contratos, que dependen exclusivamente de los ingresos generados por los peajes, se encuentran en una situación especialmente vulnerable debido al congelamiento de tarifas.

El decreto, expedido el 15 de enero de 2023, fue justificado por el Gobierno como una medida preventiva para evitar riesgos inflacionarios. Sin embargo, la Contraloría ha señalado que el estudio y soporte de esta decisión no han sido adecuadamente justificados.

“La afectación en 2023 alcanzó un valor cercano a los $610.000 millones y, de no autorizarse prontamente el ajuste hoy restante del +4,64%, la afectación en 2024 podría alcanzar los $410.000 millones, para un total de $1,02 billones, los cuales deberán ser pagados por la ANI con cargo al Presupuesto General de la Nación,” alertó el ente de control.

La Contraloría también manifestó su preocupación por la posibilidad de que las cifras se incrementen aún más debido a las decisiones que podrían tomar los tribunales arbitrales, ya iniciados por cuatro concesionarios viales. La apertura de nuevos litigios podría aumentar considerablemente los montos a compensar, generando un impacto aún mayor en las finanzas del Estado.

Durante una rueda de prensa en Cartagena, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, abordó otros temas críticos relacionados con la infraestructura en la Región Caribe, incluyendo el proyecto de restauración del Canal del Dique, cuyo contrato asciende a $4,43 billones. Aunque la construcción de las obras debía iniciar el 2 de diciembre de 2024, la Contraloría considera que es altamente improbable que se cumpla esta fecha.

“Es muy probable que el proyecto sufra retrasos significativos en su inicio y terminación, y mayores costos, respecto de lo inicialmente previsto”, indicó Rodríguez Becerra. El Contralor subrayó la importancia estratégica de este proyecto para la Nación y urgió al Ministerio de Transporte y a la ANI a avanzar con el mismo, advirtiendo que una terminación anticipada del contrato podría obligar a la ANI a pagar hasta $350.000 millones al concesionario, sin que se hayan realizado las obras previstas.

Otro punto crítico señalado por la Contraloría es el contrato de concesión de Autopistas del Caribe, que tiene a cargo el corredor de carga Barranquilla-Cartagena, con un valor total de $6,75 billones. Este proyecto, que debía pasar a la etapa de construcción en abril de 2023, aún no ha iniciado obras debido a dificultades relacionadas con el funcionamiento de dos de las siete estaciones de peaje previstas.

“Estos riesgos sociales ya materializados han generado compensaciones al concesionario cercanas a $153.000 millones, y preocupa mucho a la Contraloría que, de no lograrse un buen acuerdo entre la ANI, el Concesionario y las Comunidades, en febrero de 2025 el contrato de concesión ya habría agotado sus recursos para el pago de compensaciones y podría entrar en causal de liquidación anticipada”, puntualizó el contralor.