Así son los operativos que se realizan en Medellín para controlar los servicios ilegales de hospedaje

En Medellín, la proliferación de apartamentos en alquiler a corto plazo a través de plataformas como Airbnb ha generado un creciente conflicto entre los residentes de propiedades horizontales y los servicios turísticos no regulados.

En un intento por controlar y regular esta actividad, la Alcaldía de Medellín ha realizado más de veinte operativos en unidades residenciales durante el presente año. Estas acciones buscan frenar la proliferación de servicios de hospedaje ilegales y abordar los problemas asociados con la actividad turística desregulada.

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En los últimos años, la presencia de turistas en edificios residenciales de Medellín se convirtió en un fenómeno cotidiano. Sin embargo, el auge de la renta corta, exacerbado por la crisis de los arriendos y el aumento acelerado del turismo, ha generado preocupaciones significativas. Estos incluyen problemas de convivencia, explotación sexual y otros delitos asociados con la bonanza turística.

El desbordante crecimiento de la oferta de vivienda turística en la ciudad llegó a su punto máximo en diciembre de 2023, con aproximadamente 12.200 inmuebles disponibles en plataformas de alquiler a corto plazo.

Este número ha disminuido a 10.873 en el primer semestre de 2024, una reducción del 11%. Esta disminución es vista por algunos miembros del Concejo de Medellín como una señal positiva de alivio para el mercado de arriendos tradicionales.

La principal preocupación radica en la regulación de la oferta de renta corta. La Alcaldía ha intensificado su enfoque en combatir el uso ilegal de propiedades para el hospedaje turístico.

Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, destacó que los operativos han demostrado que es posible para las autoridades ejercer un control efectivo sobre estos servicios. Esta postura contrasta con la situación del año pasado, cuando la administración distrital se encontraba limitada en su capacidad para intervenir.

El marco legal vigente en Medellín estipula que para ofrecer hospedaje en renta corta, un inmueble debe contar con la aprobación del reglamento de propiedad horizontal y obtener una licencia de adecuación o cambio de uso a través de la curaduría. Aunque el fenómeno del Airbnb no regulado exacerbó los conflictos en las propiedades horizontales, impulsando a los propietarios a tomar medidas más estrictas.

Desde el año pasado, numerosos propietarios han comenzado a aplicar rigurosamente las normativas existentes. Además, se han anticipado al proyecto de ley propuesto en el Congreso que buscaba permitir el uso turístico en cualquier vivienda residencial, sin necesidad de aprobación expresa por parte de la asamblea de copropietarios. Este proyecto de ley no prosperó, y en cambio, los propietarios han implementado prohibiciones claras contra el uso turístico en sus inmuebles.

La administración de una de las unidades residenciales más grandes de la ciudad ha impuesto 20 sanciones y multas significativas a propietarios y arrendatarios que ofrecían apartamentos en renta corta sin la debida autorización. Estas multas pueden superar el valor de 10 expensas comunes y, en casos extremos, pueden resultar en sanciones de hasta 50 salarios mínimos legales.

La actividad no regulada ha causado serios problemas de convivencia, incluyendo denuncias por explotación sexual de menores, comercialización de estupefacientes, ruidos excesivos, hurtos y deterioro de las áreas comunes. La vigilancia activa de residentes y propietarios ha sido esencial para implementar controles más estrictos. La Alcaldía ha identificado más de 2,000 inmuebles que operan ilegalmente en la ciudad y está trabajando en estrategias para concentrar la oferta de vivienda turística en zonas de alta mixtura y media.

Además de los operativos en propiedades residenciales, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín ha llevado a cabo 35 intervenciones en hoteles, moteles y hostales en varias comunas. En estas intervenciones se han emitido 36 comparendos, suspendido la actividad en 22 establecimientos y se han presentado informes técnicos sobre otros 13, en un esfuerzo por regular y controlar la oferta de servicios turísticos en la ciudad.