Pese a las fuertes reacciones que causaron entre los líderes políticos de Latinoamérica las declaraciones de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, que en comparecencia pública ratificó el jueves 22 de agosto los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en favor del dictador Nicolás Maduro Moros, desde Colombia el silencio ha sido la constante tras este suceso.
Ni el ministro de Relaciones, Luis Gilberto Murillo, ni el presidente de la República, Gustavo Petro, se han referido a la actuación del organismo judicial, que le concedió el triunfo de los comicios del domingo 28 de julio, pese a la copiosa evidencia que demostraría el triunfo del opositor Edmundo González, con una ventaja –incluso– de más de 30 puntos sobre el aspirante oficialista, que buscaba su reelección.
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Así como aconteció en la mencionada jornada, cuando pasaron más de tres días para conocerse un pronunciamiento oficial del jefe de Estado, en esta ocasión la estrategia sería la misma, a juzgar por los hechos, pues a casi seis horas de conocerse el veredicto todavía Petro no emite anuncio alguno que esté relacionado con este delicado asunto. Ni siquiera en sus redes sociales, en la que suele ser activo.
Mientras Gustavo Petro calla, Gabriel Boric denuncia a la dictadura
Contrario a su amigo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, que sin titubeos y con un enérgico comunicado rechazó lo dispuesto por el tribunal e hizo un llamado a que se respeten no solo los derechos humanos, sino además la voluntad popular que se expresó en las urnas, en la que, según datos emitidos por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), más de 7 millones se decantaron por González.
“Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra”, indicó Boric.
Infobae Colombia pudo conocer que el viernes 23 de agosto, en medio de la visita oficial a México, el canciller Murillo se referirá a esta delicada situación y cuál sería, de ahora en adelante, la postura del Gobierno nacional sobre lo acontecido en Venezuela. Sobre todo, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aliado en esta iniciativa de negociación, estaba expectante a lo anunciado por el TSJ.
Y es que tanto los gobiernos de Petro, López Obrador y Luiz Inácio Lula da Silva, mandatario de Brasil, han sido los tres que apostaron por una salida negociada al conflicto social en Venezuela; aunque la posición del presidente colombiano de que pedir que se repitan los comicios, previo cumplimiento de unas condiciones, como el levantamiento de las sanciones contra el régimen, desataron una controversia.
Estos postulados son, según el jefe de Estado, en uno de sus últimos pronunciamientos, el del 16 de agosto, el levantamiento todas las sanciones contra Venezuela, una amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política, un gobierno de cohabitación transitorio y, ahí sí, lo que denominó “unas elecciones libres”. Incluso fue más allá y habló de un frente nacional.
En efecto, en el que podría denominarse su plan acción para el restablecimiento del orden, el presidente colombiano puso sobre la mesa la idea de un gobierno consensuado entre el régimen y los opositores, como cuando los liberales y conservadores acordaron presentar candidaturas únicas durante cuatro elecciones, turnándose entre 1958 y 1970; lo que fomentó la aparición del M-19, del que hizo parte Petro.