La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que en fallo divulgado en la mañana del jueves 22 de agosto legitimó los resultados que avalarían la victoria del dictador Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio, pese a que existirían evidencias que demostrarían el triunfo de su rival, el opositor Edmundo González, ya causó fuertes reacciones al otro lado de la frontera, en Colombia.
William Villamizar y Jairo Aguilar Deluque, gobernadores de Norte de Santander y La Guajira, dos de los departamentos que comparten línea territorial con este país, dejaron ver su preocupación ante esta determinación, que traería una nueva ola migratoria de ciudadanos que temen no solo por el recrudecimiento de acciones represivas por parte del régimen, sino por la falta de oportunidades en materia económica.
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En la actualidad, de acuerdo con datos de la Cancillería, más de 1,8 millones de venezolanos residen en Colombia, aunque gran mayoría de ellos no tienen su situación regularizada.
Esta situación ha sido entendida como un asunto de sumo cuidado por los gobernantes regionales, pues tienen los dos puntos fronterizos más importantes: en Cúcuta, que comunica con San Antonio, municipio del estado Táchira, y Paraguachón, que conecta con Maracaibo, capital del estado Zulia, en el tránsito de personas y mercancía por estos corredores.
“La sala certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, indicó la magistrada Caryslia Rodríguez, quien preside la Sala Electoral y el propio Tribunal Supremo de Justicia.
Preocupación de gobernadores de Norte de Santander y La Guajira por situación en Venezuela
Al respecto, Villamizar, que protagoniza su tercer periodo como mandatario de Norte de Santander, y que junto con su colega de La Guajira estuvo en Bogotá, en el encuentro de gobernadores en la Casa de Nariño, enumeró los problemas que traería consigo una nueva diáspora, siendo Colombia vía de escape de los venezolanos hartados de su realidad, en un mandato que, si no hay reacción, se extendería hasta 2031.
“Estamos muy preocupados con la situación de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Cúcuta y el área metropolitana son la frontera más activa y esperamos que el desenlace no sea una gran migración, como ya nos ha sucedido en el pasado, que impactaría de forma negativa en todo tipo de temas, como aumento de población, de desempleo y de inseguridad”, afirmó el gobernante.
Asimismo, mencionó las dificultades que habría para prestar los servicios de salud y educación, pues cuando se registran estos fenómenos migratorios entran, en sus cálculos, entre 100.000 y 150.000 venezolanos diarios por este paso fronterizo y “rebosa la capacidad institucional de respuesta a este tipo de situaciones”. Es por ello que ya se dispuso de todo un equipo para manejar cualquier eventualidad.
Por su parte, Aguilar Deluque advirtió que esta será una situación que se agudizará, por lo que pidió que se declare la emergencia migratoria frente a los riesgos que se aproximan. Y recordó que la atención de salud se adeudan por parte del Gobierno $178.000 millones, y en todas las necesidades que se desprenderían se debería hacer una destinación de $1 billón, en este sector y otros como educación y servicios públicos.
“Este tema va a agudizarse. Y ante la respuesta del tribunal (TSJ) no tengo duda que las condiciones se van a poner más complejas en Venezuela. Cada día hay más restricciones a la libertad y es un sistema democrático fallido y eso va a tener unas repercusiones importantes, especialmente en los departamentos de frontera”, afirmó el gobernador de La Guajira.