Detuvieron a dos hombres en plena extracción minera ilegal en Córdoba

En un operativo en la zona rural del corregimiento Torno Rojo, en Puerto Libertador, Córdoba, la Policía Nacional detuvo a dos individuos acusados de participar en actividades de minería ilegal, una práctica que no solo impacta negativamente el medio ambiente, también afecta la economía local y nacional.

El operativo se llevó a cabo en la subregión de San Jorge, un área conocida por su riqueza en recursos minerales, pero también por la presencia de actividades mineras ilegales que proliferaron en los últimos años. Durante la intervención, las autoridades lograron incautar dos motores, una draga y ocho galones de combustible, todos ellos utilizados para la extracción no autorizada de minerales y metales en yacimientos de la zona. Estos elementos fueron valorados en más de 7 millones de pesos, según informó la Policía Nacional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La minería ilegal, aunque lucrativa para quienes la practican, tiene consecuencias devastadoras para el entorno natural. “Esta mala práctica venía afectando la vegetación endémica, destruyendo la biodiversidad del entorno y generando erosión sobre el área adyacente a los afluentes hídricos, causando un grave daño ambiental en las principales corrientes de agua de esta zona del departamento de Córdoba”, destacó la Policía Nacional en un comunicado.

Los dos hombres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía local 32 de Montelíbano, junto con los equipos incautados. Ahora enfrentan cargos por explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, según lo establecido en el artículo 332 del Código Penal colombiano. Este delito, que está tipificado con penas severas, busca frenar el avance de la minería ilegal que se convirtió en una de las principales amenazas para el medio ambiente y la seguridad en varias regiones del país.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el papel de la minería ilegal como una fuente clave de financiamiento para los grupos armados ilegales en Colombia. Según la entidad, esta actividad ilícita es “el nuevo combustible” para la expansión de estos grupos, que utilizan los recursos obtenidos para sostener sus operaciones y ejercer control sobre los territorios donde se encuentran los yacimientos. Aunque en este caso específico aún no se estableció una conexión directa entre los dos detenidos y algún grupo armado, la posibilidad de dicha vinculación sigue siendo una preocupación latente para las autoridades.

La minería ilegal en Colombia es una problemática de profundas y complejas implicaciones que afectan a múltiples dimensiones del país. Aunque esta actividad se intensificó en diversas regiones debido a la demanda global de minerales como el oro y el coltán, sus consecuencias van más allá de la economía informal y alcanzan esferas tan críticas como el medio ambiente, la salud pública, la seguridad, y la estabilidad social.

Sin control ni regulación, esta actividad destruye ecosistemas, contamina cuerpos de agua con mercurio y cianuro, y provoca la erosión del suelo, afectando tanto la biodiversidad como la salud de las comunidades que dependen de esas fuentes hídricas. Además, las comunidades cercanas a las minas ilegales sufren graves consecuencias sociales y de salud. La exposición a metales pesados como el mercurio puede causar enfermedades graves, mientras que la destrucción de tierras fértiles agrava la inseguridad alimentaria y las condiciones de vida.

Un aspecto particularmente preocupante es el papel de la minería ilegal en el financiamiento de grupos armados ilegales, quienes controlan áreas ricas en recursos minerales. Estos grupos utilizan los ingresos de la minería ilegal para sostener sus actividades criminales, perpetuando un ciclo de violencia. Económicamente, la minería ilegal genera competencia desleal, al operar al margen de la ley y evadir impuestos. Esto afecta negativamente a las empresas mineras legales, reduce los ingresos fiscales y desalienta la inversión en el sector formal.

La minería ilegal también provoca desplazamientos forzados y conflictos sociales, ya que las comunidades locales se ven obligadas a abandonar sus tierras debido a la presión de grupos armados o a la degradación ambiental que hace sus tierras inhabitables. Este fenómeno contribuye a la crisis humanitaria y al aumento del desplazamiento interno en Colombia.

Finalmente, la minería ilegal dificulta la gobernanza y el control territorial, ya que estas áreas suelen estar fuera del alcance de las autoridades, lo que facilita la expansión de la ilegalidad y la criminalidad en el país. Además, quienes se oponen a esta actividad, incluidos líderes sociales y defensores del medio ambiente, enfrentan amenazas, intimidaciones y asesinatos.