El 21 de agosto, tras nueve horas de debate, con 16 votos positivos y cinco negativos, fue aprobado por los concejales de Medellín el Proyecto de Acuerdo 12 de 2024 que busca enajenar las acciones de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en UNE. Así las cosas, la entidad venderá el 50% de la particiación que tiene en Tigo, lo que significa una victoria para el alcalde Federico Gutiérrez.
Por supuesto, el debate fue bastante acalorado y hubo mucha tensión por los diferentes puntos de vista de los concejales.
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El concejal Alejandro Arias aseguró que los recursos que se obtengan producto de las potenciales enajenaciones, donde EPM no es controlante, podrían ser reorientados a iniciativas que sean gestionadas por EPM. Además, que estos pueden hacer parte de sus negocios estratégicos, contemplados dentro del plan de la empresa, como lo dice el Acuerdo Distrital.
“Lo que pretende la venta de UNE es precisamente recuperar el valor invertido en esas compañías que no son controladas por EPM”, dijo.
Control de las decisiones relevantes
Sin embargo, el concejal Carlos Gutiérrez precisó que, desde 2014, UNE es controlada por Millicom, por lo que EPM se volvió parte relacionada en ese negocio, lo que trajo consecuencias al perder realmente el control de las decisiones más relevantes y más estratégicas de la organización.
“La empresa tiene unos ingresos de $5 billones, de los cuales, $457.000 millones están claros, pero presenta unos gastos operativos muy altos por $2 billones. Lo más preocupante es el capital de trabajo negativo, pues no se tiene en el corto plazo la capacidad de cubrir esas obligaciones, lo que puede generar un riesgo de liquidez”, anotó el concejal.
Asimismo, el concejal Sebastián López manifestó que para EPM no es rentable estar en la empresa, además porque es muy riesgoso, no opera, no decide, no hay utilidades y sí hay riesgos de capitalización completa.
Por eso, agregó que, muy seguramente, y por las características del mercado colombiano en las telecomunicaciones está dada para quedar entre dos operadores y por eso hoy se habla de una posible fusión.
“Para salvaguardar el patrimonio público hay que sacarlo del secuestro en el que está y es fundamental tomar decisiones”, manifestó.
Qué pasará con los recursos y los trabajadores
Luego de la aprobación, el gerente de EPM, John Maya, se mostró satisfecho e indicó en qué se invertirían los recursos. Dijo que, desde el punto de vista social, se tiene una propuesta en cuatro puntos de la conectividad, pudiendo utilizar un sistema, una red que tenga fibra óptica que puede llegar a los sectores más pobres en los que los comercializadores no llegan.
“Nosotros podemos adecuar esas redes”, dijo. Otro asunto que mencionó es que en lo financiero y lo social está muy claro.
“En lo social podemos tener una respuesta. Si me preocupa es la parte de los trabajadores porque cambia el patrón, pero esto apenas comienza y es una aprobación de la enajenación. Hay que seguir un procedimiento de la Ley 226 de 1995 de cómo se puede vender la empresa. Eso todavía no se ha hecho. Tenemos que esperar. Puede ser entre un año, año y medio o dos años, dependiendo de la situación en ese momento”, explicó.
Vigilancia a lo que pase
Insistió en que en ese momento deberán estar muy vigilantes con cuál va a ser la relación que van a tener los trabajadores con la empresa.
Dejó claro que la empresa de las telecomunicaciones no se va a terminar. Entonces, que si les compran esas acciones, Tigo Une y sigue funcionando como un comercializador de telecomunicaciones de Internet, así que eso no se acabará y, por supuesto, va a necesitar trabajadores.