Después de 25 años de que el país se enterara del asesinato de tres agentes del CTI de la Fiscalía a manos de grupos paramilitares, la justicia colombiana condenó a Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, a 40 años de prisión por su participación en el crimen contra los funcionarios que investigaban las finanzas de los ‘paras’ en el reconocido parqueadero Padilla.
Así lo decidió el Tribunal Superior de Medellín, después de que determinara que Soto Toro, conocido en el mundo de las autodefensas como el cerebro financiero de los hermanos Carlos y Vicente Castaño de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha sido identificado como un actor clave en el paramilitarismo en Antioquia.
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Los asesinatos que se le atribuyen incluyen las muertes de Manuel Guillermo López Umaña, John Jairo Ruiz y Luis Fernando González, todos agentes que investigaban los vínculos financieros y de apoyo del narcoparamilitarismo en la región.
“Dentro de ese particular rol de administrador de recursos, estaba el de suministrarlos a quienes fueran contactados con el objeto de ejecutar materialmente el tipo de acciones como las que son objeto de juzgamiento”, señala la sentencia de 44 páginas.
Carlos y Vicente Castaño, líderes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), designaron a Lucas como jefe financiero de la organización en Medellín. El papel de Lucas no solo era recaudar fondos, sino también mantener relaciones con empresarios y autoridades locales, lo cual le confería un rol estratégico dentro del grupo paramilitar.
La recaptura de Soto Toro en 2021 se debió a su presunta implicación en varios homicidios y su papel en la planificación de estos. En los expedientes judiciales, alias HH, confidente de los Castaño, testificó que Lucas era referente en la administración y distribución de recursos para el grupo armado. Además, su influencia llegaba a sobornar a agentes de la fuerza pública para obtener información privilegiada sobre operativos en su contra.
El parqueadero Padilla fue un punto clave en la caída de Lucas. En 1998, un allanamiento en este lugar reveló la contabilidad de las operaciones paramilitares y los nombres varios de sus financiadores. En abril de 2021, cuando la Fiscalía 132 Especializada de la Dirección de Justicia Transicional ordenó la captura de Soto Toro, se reafirmó su rol logístico dentro de las autodefensas.
El Tribunal Superior de Medellín destacó en su fallo que Soto Toro tenía “perfecta claridad acerca del objeto de la logia y de los métodos violentos por ella empleados para alcanzarlo”, condenando su responsabilidad en la planificación de asesinatos ejecutados por la banda La Terraza. Entre las acciones violentas que dicha banda cometió, se destacan los homicidios de Jaime Garzón y Jesús María Valle.
Además, estuvo relacionado con la infiltración paramilitar en la fuerza pública durante los años 90. Emblemáticos son los casos del general en retiro Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Uribe, y el exinvestigador del CTI Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio. Ambos se vieron implicados por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Finalmente, el Tribunal negó a Soto Toro cualquier beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la sentencia o prisión domiciliaria, apuntando a la gravedad y reiteración de sus crímenes. La condena abarca tanto sus acciones directas como su papel en la estructura financiera y operacional del grupo paramilitar.
Entretanto, el caso ‘parqueadero Padilla’ ha vuelto a ser el centro de atención en Antioquia. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también inició una nueva fase en la investigación de este caso, originado en mayo de 1998, con el objetivo de esclarecer la financiación del paramilitarismo en la región.
Según informó esa justicia en junio de 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad dictaminó la práctica del testimonio reservado de Jacinto Alberto Soto Toro, conocido como ‘Lucas’, una figura clave del paramilitarismo.
El caso ‘parqueadero Padilla’ se centra en los hallazgos que el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) realizó en un parqueadero en Medellín, relacionados con la financiación de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Las pruebas incluían interceptaciones telefónicas y un vehículo lleno de uniformes paramilitares. Además, se descubrió una vasta red financiera con al menos 495 cuentas bancarias y 481 contribuyentes implicados, entre ellos empresas y personas naturales.
A pesar de la contundencia de las evidencias iniciales, el proceso judicial experimentó serios obstáculos, como el asesinato de miembros del CTI y la Fiscalía, pérdida de documentación y un estancamiento general en el avance del caso. El testimonio de Soto tiene el potencial de proporcionar una visión detallada del flujo de recursos y la gestión financiera de la Casa Castaño, lo cual podría finalmente esclarecer los hechos.
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