En un acto decisivo para la protección del medioambiente en Colombia y la región, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) pidió a la Corte Constitucional a revisar y ratificar el Acuerdo de Escazú antes del 3 de septiembre de 2024.
Este acuerdo, que representa el primer tratado regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, ha sido objeto de un intenso debate y participación ciudadana.
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“Estamos en un momento clave para el Acuerdo de Escazú en Colombia,” declaró el WWF en un comunicado. “La Corte Constitucional debe pronunciarse sobre su viabilidad en los próximos días. La ciudadanía ha dejado claro, a través de casi 80 intervenciones, que hay una urgente necesidad de ratificar este acuerdo para fortalecer los derechos ambientales en el país”, agregó.
El Acuerdo de Escazú, que Colombia firmó en 2018 como parte de los compromisos asumidos durante el Paro Nacional de 2019, fue aprobado por el Congreso a finales de 2022 con un sólido respaldo social y gubernamental. Sin embargo, su entrada en vigor aún está pendiente de la revisión final por parte de la Corte Constitucional, un proceso que se espera concluya antes del 3 de septiembre de 2024.
“La revisión del proyecto de fallo del Magistrado Ponente, Jorge Enrique Ibáñez Najar, será determinante,” añadió el WWF. “Hemos visto una participación ciudadana sin precedentes en esta revisión, con una audiencia pública celebrada el 26 de abril de 2024, en la que se escucharon argumentos sobre la relación entre el tratado regional, la seguridad jurídica y la soberanía nacional”.
En la audiencia, representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, académicos y organizaciones de la sociedad civil enviaron un mensaje claro: “Colombia necesita el Acuerdo de Escazú”. Este tratado es visto como una herramienta vital para enfrentar la triple crisis planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, y para fortalecer el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental.
El acuerdo también se presenta como una medida crucial para proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales, quienes, según el informe de Global Witness, enfrentan condiciones extremadamente peligrosas en Colombia. En el contexto de la próxima COP16 sobre Biodiversidad, que se llevará a cabo en octubre de 2024 en Cali, la implementación del Acuerdo de Escazú adquiere aún más relevancia.
El lema de la conferencia, “Paz con Naturaleza”, resuena con la visión del Acuerdo de Escazú, que busca promover un modelo económico más sostenible y reconocer el papel de las comunidades locales en la conservación de la biodiversidad. “La implementación del Acuerdo de Escazú es crucial para abordar los conflictos socioambientales y fortalecer la gestión territorial en Colombia”, subrayó el WWF.
Los riesgos de no ratificar el Acuerdo de Escazú
Para el Fondo Mundial para la Naturaleza, la no ratificación del acuerdo podría tener consecuencias significativas. “Colombia perdería la oportunidad de fortalecer su marco normativo ambiental”, advirtió el WWF, destacando que,”sin el acuerdo, será más difícil prevenir y resolver conflictos socioambientales y garantizar una participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones”.
Entre los riesgos de no adoptar el tratado se incluyen la pérdida de liderazgo regional, la vulnerabilidad incrementada para los líderes ambientales, y una disminución en la transparencia y el acceso a la información. Además, la no ratificación limitaría la capacidad de cooperar con otros países en temas ambientales cruciales.
“La esperanza de la región latinoamericana y de los colombianos está puesta en el resultado de este proceso de ratificación. (...) La Alianza por el Acuerdo de Escazú estará atenta y vigilante para asegurar el cumplimiento de este importante compromiso”, concluyó.
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