Superintendencia de Industria y Comercio aseguró que solicitud de integración entre Tigo y Movistar aún no ha sido presentada

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), bajo la dirección de Cielo Rusinque, se pronunció sobre las recientes operaciones de integración empresarial que han captado la atención del mercado.

A pesar de los rumores que circulan en la industria, la entidad aclaró que, hasta la fecha, no se ha presentado ninguna solicitud formal para la unión entre las compañías Tigo y Movistar, una de las posibles fusiones más discutidas en el ámbito de las telecomunicaciones.

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Según el órgano de control, la operación para fusionar a Tigo y Movistar no ha sido sometida a estudio por parte de la autoridad de competencia. Este silencio por parte de los interesados en llevar a cabo la fusión podría deberse a diversas razones estratégicas o a la espera de un entorno regulatorio más favorable. Lo cierto es que, por el momento, la Sic no ha tenido la oportunidad de evaluar los méritos o posibles riesgos de dicha integración.

Mientras tanto, otras operaciones en el sector sí han avanzado. En febrero de 2024, Toernex, junto con Une, Edatel y Tigo, presentaron ante la superintendencia una propuesta de adquisición de activos de infraestructura pasiva por parte de Towernex. Esta operación está destinada a mejorar el despliegue de telecomunicaciones en el país, un factor crítico en la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación.

Una vez analizada la información presentada por las empresas involucradas, la SIC determinó que la operación no superaba el 20% de la participación en el mercado relevante. Este porcentaje es significativo porque, según lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009, cuando una operación de este tipo no supera dicho umbral, solo es necesario cumplir con un trámite de notificación, sin que se requiera la autorización explícita del ente regulador.

La entidad aclaró que no está facultada para examinar la diligencia debida empleada por los administradores en la operación de compra ni para evaluar las condiciones económicas bajo las cuales se celebró.

“(...) la Superintendencia no se encuentra habilitada para estudiar la debida diligencia empleada por los administradores en la operación de compra, ni entra a evaluar y determinar las condiciones económicas en las que esta se celebró por parte de las empresas intervinientes”, señaló la SIC en un comunicado. Este enfoque se alinea con las limitaciones normativas que restringen la intervención del regulador en las decisiones empresariales, siempre y cuando se cumplan con los requisitos básicos establecidos por la ley.

Otra operación de interés en el sector de las telecomunicaciones fue la notificación en agosto de 2024 por parte de Atlas, una compañía con capital francés, sobre su intención de aumentar su participación accionaria en Millicom, el principal accionista de Tigo en Colombia. Este movimiento ha generado una serie de interrogantes sobre el futuro de Tigo y su posición en el mercado colombiano, dada la influencia que Atlas podría ejercer en las decisiones estratégicas de Millicom.

Al respecto, la SIC señaló que este tipo de transacciones representan una operación de integración empresarial según el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009. Por ello, la entidad solicitó a las empresas involucradas que proporcionen información exhaustiva para evaluar la legalidad y legitimidad de estos movimientos, considerando las implicaciones económicas y jurídicas que podrían derivarse.

Esta solicitud subraya la importancia de contar con un análisis detallado en un sector que es considerado estratégico dentro del plan de Gobierno, con el objetivo de garantizar que cualquier cambio en la estructura del mercado no afecte negativamente la competencia ni los derechos de los consumidores.

En su pronunciamiento, la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró su compromiso con el monitoreo constante y detallado del funcionamiento de los mercados, en línea con las finalidades constitucionales y la responsabilidad social que deben orientar toda actividad económica dentro del marco de un Estado social de derecho. Este enfoque busca asegurar que las operaciones de integración empresarial no solo cumplan con los requisitos legales, sino que también contribuyan al bienestar general y al desarrollo económico sostenible.

“Desde la Superintendencia se hace y se hará un monitoreo constante y detallado del funcionamiento de los mercados, teniendo en cuenta las finalidades constitucionales y la responsabilidad social hacia las que debe orientarse toda actividad económica en el marco de un Estado social de derecho”, concluyó la entidad.