Sector carbonero alerta sobre el impacto negativo de la nueva minera estatal Ecominerales en Colombia

El sector carbonero en Colombia está cada vez más preocupado por las recientes decisiones del gobierno nacional, que parecen amenazar su estabilidad, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana W Radio.

Fenalcarbón ha manifestado su inquietud, señalando que la creación y operación de la nueva minera estatal, Ecominerales, podría marcar el comienzo del declive de esta industria vital para la economía del país.

Carlos Canté, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, ha advertido que la introducción de Ecominerales generaría “distorsiones en el sector”, planteando serias preocupaciones sobre el impacto que podría tener en las áreas mineras del país. Según Canté, esta empresa estatal podría convertirse en un “vehículo” que, mediante decisiones administrativas, tome control de las áreas mineras, poniendo en riesgo la estabilidad de las concesiones actuales. Esto significaría que, si no se prorrogan las concesiones actuales o se cancelan, esas áreas podrían pasar automáticamente a ser administradas por Ecominerales, lo cual podría estar influenciado por intereses políticos.

Además, Canté destacó que la presencia de una empresa estatal en el sector minero genera desconfianza entre los empresarios, dado que el Estado estaría actuando como juez y parte en los procesos de adjudicación y administración de las áreas mineras. Esta situación podría desincentivar la inversión privada, afectando gravemente la economía del país y, en consecuencia, a las miles de familias que dependen de esta industria.

Frente a este panorama, Fenalcarbón ha estado llevando a cabo reuniones a nivel nacional para informar a los actores del sector sobre las posibles repercusiones de estas políticas. La preocupación se centra en el futuro de la industria carbonera y en la estabilidad económica de las regiones que dependen de ella.

Canté también subrayó que una empresa estatal minera podría abrir la puerta a prácticas que favorezcan a ciertos grupos cercanos al gobierno, lo que pondría en desventaja a los operadores privados actuales. Esta percepción de favoritismo y falta de transparencia podría minar aún más la confianza en el sector.

El Ministerio de Defensa Nacional emitió el Decreto 1035 de 2024 con el que faculta a las Fuerzas Militares para destruir maquinaria amarilla utilizada con fines ilícitos en Colombia.

Este decreto, firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, modifica parcialmente el Decreto 1070 de 2015, que regula el uso de maquinaria pesada en actividades mineras.

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La destrucción de maquinaria amarilla, en el contexto de la minería ilegal, se refiere a la acción de inmovilizar, desmantelar o destruir equipos de maquinaria pesada utilizados en actividades mineras no autorizadas. Esta incluye equipos como excavadoras, cargadores, bulldozers, y otros vehículos pesados que se utilizan en la minería a gran escala.

En ese sentido, la norma tiene como objetivo fortalecer el control sobre la minería ilegal, garantizar la protección del medio ambiente y asegurar que las operaciones mineras se realicen bajo las debidas autorizaciones y requisitos legales. A continuación, se detallan los puntos principales del decreto:

• Modificación reglamentaria: el decreto actualiza las normas sobre el uso de maquinaria pesada en minería para alinear las políticas nacionales con los estándares internacionales establecidos por la Comunidad Andina de Naciones, en particular con la política de lucha contra la minería ilegal.
• Exigencias de información: las autoridades ambientales regionales y urbanas deben proporcionar información actualizada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre las licencias ambientales vigentes y los planes de manejo ambiental para actividades mineras en su jurisdicción. Esta información debe ser enviada dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto y cada vez que se otorgue una nueva licencia.
• Procedimiento de oposición: se establecen procedimientos para proteger los derechos de quienes operan legalmente. Si durante una intervención las autoridades (Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional) reciben evidencia de que el titular de la maquinaria tiene los permisos necesarios, la medida de destrucción de la maquinaria se suspenderá temporalmente mientras se verifica la información. Si la información no coincide con los registros oficiales, se procederá con la medida de destrucción.
• Derogación de normas anteriores: el decreto deroga las disposiciones anteriores que sean contrarias a estas nuevas normas, específicamente los artículos 2 y 3 del Decreto 2235 de 2012, que fueron incorporados en el Decreto 1070 de 2015.
• Vigencia: el decreto entra en vigencia tras la fecha de su publicación, es decir, a partir del 14 de agosto de 2024.