Miguel Uribe Turbay se despachó otra vez contra la propuesta de las ‘inversiones forzosas’ del Presidente: “Petro quiere apropiarse de los recursos”

La próxima semana se definirá el futuro de las inversiones forzosas en Colombia, cuando el Gobierno de Gustavo Petro y el sector bancario presenten una propuesta oficial para aplicar este mecanismo, destinado a prestar recursos a sectores económicos que necesitan reactivación.

Según información de Semana, la medida contempla que los bancos destinen cincuenta billones de pesos a sectores como la industria, la vivienda y el turismo, con el fin de ofrecer créditos a bajas tasas de interés.

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La idea fue planteada por el presidente Petro en junio y se encuentra en conversaciones con el sector bancario, que se reunió recientemente con altos funcionarios del Gobierno para explorar la propuesta que se espera presentar en la última semana de agosto.

La asignación se haría con el propósito de reactivar sectores específicos de la economía nacional.

Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas. El senador Miguel Uribe Turbay advierte que “lo que quiere decir la propuesta es que el Gobierno, en cabeza de Petro, le va a meter la mano al bolsillo de los colombianos para sacarle sus ahorros e invertirlos desde el Gobierno a sus iniciativas lo que va a aumentar el riesgo de que nunca vuelvan a ahorrar en bancos y significará absoluta ineficiencia, politiquería o corrupción”, según declaró en el medio mencionado.

Además, según el senador Miguel Uribe, “aunque en Colombia existe la figura de inversión forzosa o incluso otros sectores la han propuesto en el pasado, tiene una diferencia gigantesca con la que Petro está proponiendo y es quién asigna y desembolsa los recursos. En este caso, Petro lo que quiere es apropiarse por parte del Estado de los recursos para asignar y desembolsar, eso significa para hacer politiquería, porque eso significa que va a ser el Gobierno el que va a escoger cómo designar la plata”.

Por su parte, la directora del Dapre, Laura Sarabia, aseguró que ya está en marcha un diálogo que aborde una propuesta de cinuenta billones de pesos para sectores priorizados que se definirían a través de inversiones estratégicas en medio de un plan de reactivación económica.

Las inversiones forzosas no son una novedad en Colombia. Actualmente se utilizan para financiar proyectos del sector agrario, permitiendo préstamos con intereses más bajos mediante la disponibilidad temporal de ahorros. No obstante, la extensión de esta medida a otros sectores es la nueva propuesta del gobierno.

“Petro ya le ha echado mano a las pensiones, está aumentando los impuestos”, continuó el senador Uribe, en una clara oposición a las recientes políticas económicas del Gobierno. El senador considera que estas acciones del Ejecutivo implican una intervención directa en los ahorros de los ciudadanos para financiar proyectos con un alto riesgo financiero y posibles implicaciones de corrupción.

Según Semana, el Gobierno defiende la medida afirmando que es necesaria para impulsar sectores que han sufrido significativamente durante la pandemia y que necesitan estímulos económicos urgentes. La propuesta busca inyectar liquidez a través de créditos a bajo costo para fomentar la recuperación económica en áreas clave.

La reacción del sector bancario ante la propuesta será clave en los próximos días, y se espera que la reunión entre las partes brinde una solución que considere las preocupaciones tanto del gobierno como de los ciudadanos y el sector financiero.

Impacto en la liquidez y posible mala asignación de créditos son algunos riesgos asociados a las inversiones forzosas que se están discutiendo en Colombia. Estas medidas han despertado una considerable controversia debido a sus posibles repercusiones en el sistema financiero y la economía del país.

Uno de los principales problemas que estas inversiones obligatorias podrían causar es la reducción de la capacidad de crédito de los bancos, ya que una parte significativa de los recursos se destinaría a estas inversiones impuestas. Esta restricción se traduciría en menos créditos disponibles para los usuarios tradicionales del sistema financiero, lo cual podría, a su vez, conllevar a un aumento de las tasas de interés de los préstamos como una manera de compensación.

Además, las utilidades de los bancos y otros establecimientos de crédito verían una merma debido a estas inversiones forzosas, afectando su rentabilidad y, potencialmente, comprometiendo su estabilidad financiera, de acuerdo a diferentes análisis.

El impacto en la liquidez de las entidades financieras podría ser otro de los efectos negativos, debido a la reducción del margen de intermediación, lo que limitaría sus decisiones de colocación, inversión y financiamiento. Dicho de otro modo, los bancos tendrían menos maniobra para sus operaciones tradicionales.

Otro aspecto a considerar es el riesgo de mala asignación de créditos. Al direccionarse los préstamos a través de estas inversiones obligatorias, existe la posibilidad de que los fondos no sean utilizados de manera eficiente, lo cual podría resultar en pérdidas significativas y la eventual necesidad de usar recursos fiscales para compensarlas.

Estas inversiones también podrían aumentar la deuda pública, aunque no necesariamente la del Gobierno nacional, deteriorando la calidad crediticia y encareciendo la deuda soberana, según varios expertos.