María Fernanda Cabal propuso, otra vez, ley que busca proteger el derecho a la educación sobre las marchas: esto dijo

Con el inicio de la tercera legislatura del Congreso de la República de Colombia, la senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al Partido Centro Democrático, anunció que nuevamente radicó una la propuesta de ley que tiene el objetivo de elevar la educación al estatus de servicio esencial, modificando el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo.

Este artículo actualmente regula la huelga en los servicios públicos, pero con la modificación propuesta se incluirá la educación como un servicio esencial para fortalecer la prohibición de huelgas que interrumpan la actividad educativa.

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La propuesta de la senadora se enmarca en un contexto en el que, según datos de 2023, alrededor de 8 millones de estudiantes colombianos habrían visto comprometido su derecho a una educación continua debido a huelgas de los docentes, especialmente las organizadas por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

Cabal en el pasado argumentó que estas manifestaciones derivaron en importantes retrasos en el proceso educativo y han priorizado el activismo político sobre la vocación de los educadores.

En un boletín emitido por su oficina, la senadora afirmó: “Muchos niños en Colombia se atrasan en su formación académica cuando los docentes no dictan clase para ejercer su derecho a la protesta. Este proyecto de ley buscará garantizar que el derecho a la educación no sea vulnerado por las interrupciones derivadas de huelgas”.

La senadora opositora al Gobierno nacional destacó que el proyecto no tiene la intención de eliminar el derecho a la huelga, sino de garantizar que las protestas se realicen de manera que no afecten el derecho a la educación de los niños.

La iniciativa de la senadora —que ya había sido radicado en el segundo periodo legislativo, pero que no obtuvo sus frutos—, pretende reformar el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. Con la adición de la palabra “esenciales” en dicho artículo, se busca establecer un marco legal que refuerce la prohibición de interrupciones en el sector educativo.

El nuevo enfoque busca consolidar la educación como un servicio esencial en la ley, lo que permitiría una mayor regulación y restricciones sobre las huelgas que afectan el acceso continuo a la educación.

De acuerdo con el comunicado, “sin importar la calidad en la formación y el retraso en los procesos, deja a los estudiantes sin la posibilidad de recibir educación en las aulas de clase, hasta que sus peticiones son atendidas por el gobierno nacional”.

Se considera que toda actividad organizada que satisfaga necesidades de interés general y garantice derechos de sujetos de especial protección constitucional, debe ser tratada bajo un régimen jurídico especial para asegurar su funcionamiento continuo.

Los servicios esenciales son aquellos considerados fundamentales para el funcionamiento básico y seguro de una sociedad. Su interrupción podría implicar riesgos significativos para la vida, la seguridad o la salud de las personas. En términos generales, estos servicios son cruciales para mantener el bienestar y la estabilidad de una comunidad, y su suspensión tiene consecuencias graves para la vida cotidiana.

El estatus de la educación como servicio esencial es un tema de debate. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su Comité de Libertad Sindical (CLS), el servicio de educación no se considera un servicio público esencial en el sentido estricto del término.

Esto se debe a que, aunque la educación es fundamental para el desarrollo de una sociedad y el bienestar de sus ciudadanos, no está directamente vinculada a la protección inmediata de la vida, la seguridad o la salud de las personas.

La OIT establece criterios específicos para determinar qué actividades no deben estar sujetas a restricciones en el ejercicio del derecho a la protesta y a la huelga. Según la organización, los servicios esenciales incluyen aquellos que son vitales para la protección de necesidades básicas inmediatas. En este sentido, la educación, aunque fundamental para el desarrollo a largo plazo, no se clasifica en la misma categoría que servicios como la atención médica de urgencias o el suministro de agua potable.

Ahora bien, el proyecto de ley de la senadora Cabal deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente para su discusión y posible aprobación, donde se analizarán en detalle las implicaciones de considerar la educación como un servicio esencial dentro de la normativa colombiana.