Inconsistencias por $15.549 millones comprometen al ICBF: esto encontró la Contraloría

La Contraloría General de la República, al revisar y verificar los estados financieros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con corte al 31 de diciembre de 2023, encontró 147 hallazgos administrativos, de los cuales 70 coinciden con una presunta incidencia disciplinaria, 24 tendrían incidencia fiscal por $15.549 millones, además de otros 24 relacionados con indagaciones preliminares y solicitudes de procesos administrativos sancionatorios fiscales.

La revisión se realizó a la Dirección General del ICBF y a 14 puntos de control correspondientes a las Direcciones Regionales de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Santander y Sucre.

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La auditoría financiera concluyó con seis beneficios que permitieron salvaguardar recursos por 414 millones de pesos. La Contraloría reportó que los ingresos destinados al ICBF para 2023 alcanzaron los $9,08 billones, con una ejecución presupuestaria de gastos del 94,94% del total asignado.

A nivel nacional, la falta de apropiación totalizó $111.642 millones. La ejecución más baja se observó en los programas de contribución al desarrollo integral de niños y niñas de 6 a 13 años, con un 66,4%, y en el apoyo para el desarrollo de proyectos de vida de adolescentes y jóvenes, que registró un 56,99%.

Por otro lado, las ejecuciones más bajas en recursos operativos se observaron en las categorías de adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes, con los siguientes resultados estadísticos: 44,99% y 44,68%, respectivamente. Además, se identificaron falencias en el proceso de planificación presupuestaria en relación con los fondos asignados para el 2023, por lo que esto condujo a una propuesta de recorte presupuestario que no fue aprobada por el Ministerio de Hacienda, afectando directamente la ejecución de los presupuestos asignados al personal, transferencias corrientes e inversiones.

Al mismo tiempo, se evidenciaron varias inconsistencias en la supervisión relacionadas con el pago de Raciones Familiares para Preparar (RFPP) no entregadas, compras no autorizadas en el contrato, falta de cargue de información en SECOP II y deficiencias en la gestión documental de los expedientes contractuales.

La auditoría también reveló dificultades en la entrega oportuna de información para el desarrollo de esta auditoría, especialmente en relación con el Convenio Nro. 01014282022 firmado entre el ICBF y las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría, el ICBF tiene dos proyectos sin finalizar en Ibagué, correspondientes a los hogares infantiles Payasito y Copetín. En estos centros, se constató que el ICBF efectuó dos pagos al contratista por un total de 705 millones de pesos, además de una compensación de $43 millones, pero el avance de las obras alcanza solo el 26,07% del total del contrato.

Según El Tiempo, aunque el ICBF declaró el incumplimiento del contrato, “a la fecha no se evidencia que el valor desembolsado esté justificado, esto con base en la visita realizada a los centros infantiles el 29 y 30 de abril de 2024, donde se constató que los inmuebles se encuentran en estado de abandono y no cumplieron con el objeto del contrato. Adicionalmente, estas obras actualmente generan gastos como pagos de servicios públicos y servicio de vigilancia”, afirmó la Contraloría.

Según el órgano de control, entre los hallazgos de mayor cuantía hay uno con una posible incidencia disciplinaria y fiscal por 2.202 millones de pesos, debido a recursos que fueron entregados a los operadores de contratos de aportes y que no fueron ejecutados ni han sido reintegrados hasta la fecha. En este caso, se logró un beneficio de auditoría por 216 millones, en atención al reintegro de operadores y la afectación contable.

Finalmente, la Contraloría indicó que la auditoría reveló un detrimento fiscal de 1.920 millones de pesos relacionado con “inejecuciones” en la supervisión durante la legalización de cuentas, fondos que no han sido reinvertidos ni reintegrados.