Secretaría de Transparencia del Gobierno Petro pidió a Federico Gutiérrez explicaciones por presuntas anomalías en contratos por $68.000 millones

Un día después de que la Secretaría de Transparencia solicitara a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Industria y Comercio una investigación por posibles irregularidades en la enajenación de acciones de Tigo-Une por parte de EPM, en la mañana de este miércoles 21 de agosto la dependencia de la Presidencia abrió una nueva investigación.

El secretario de Transparencia, Andrés Indárraga Franco, solicitó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que aclare la adjudicación de contratos directos por una suma que asciende a 68.000 millones de pesos. A través de su red social X, el funcionario del Gobierno Petro expresó preocupaciones sobre la falta de soporte y de argumentos fácticos y jurídicos para la justificación de estas selecciones.

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“He solicitado al Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez la justificación de la contratación directa por la suma de $68.893.368.552, debido a que esta secretaría no encuentra soporte del uso de la figura y nota una ausencia de argumentos fácticos y jurídicos para la selección y adjudicación de estos contratos”, escribió el secretario de Transparencia.

Idárraga indicó que podría haberse evadido el mecanismo principal de selección establecido para las licitaciones públicas. Según él, algunas de las adjudicaciones observadas se hicieron bajo modalidades de selección directa, las cuales normalmente son excepcionales y requieren justificación legal y procedimental que, en este caso, no se ha encontrado.

“Es decir, la posible evasión del mecanismo de selección principal establecido por la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, que es la licitación pública para la satisfacción de las necesidades, acudiendo al parecer sin justificación a uno de los mecanismos excepcionales de selección directa”, comentó.

Los contratos en cuestión, al menos doce, figuran como adjudicados en la plataforma Secop II. Algunos de ellos alcanzan sumas de diez mil, once mil y hasta veinte mil millones de pesos. Estos contratos están destinados a diversas áreas, tales como la prevención de violencias y maltrato infantil, la conservación de cuencas, la atención de adolescentes con medidas privativas de libertad, y la ejecución de proyectos por parte de la Secretaría de Espacio Público.

Además, abarcan actividades de inclusión para personas con discapacidad y atención integral a la primera infancia.

“Advierte especial atención la identificación dentro de los procesos de contratación las siguientes observaciones: La posible suscripción de los contratos con “personas jurídicas”, bajo la modalidad de selección directa sin el cumplimiento de requisitos legales”, comentó Idárraga.

Otro punto señalado por la Secretaría de Transparencia es la falta de acreditación adecuada en los documentos publicados, así como la posible ausencia de justificación en la modalidad de contratación por prestación de servicios. La entidad ha cuestionado la claridad sobre la prestación personal del servicio, puesto que se han acordado pagos contra entrega de productos que no parecen corresponder a servicios profesionales sujetos a honorarios periódicos.

“La posible falta de justificación de las contrataciones señaladas, en la figura de “prestación de servicios” utilizada ya que no se identifican las exigencias profesionales e intelectuales del servicio profesional personal intelectual y/o de apoyo requerido (experiencia y/o requisitos académicos)”, señala el secretario de Presidencia.

Finalmente, Idárraga indicó que la atención está centrada en la posible suscripción de convenios con personas jurídicas bajo la modalidad de selección directa sin el cumplimiento de requisitos legales, lo cual ha levantado serias dudas sobre la transparencia y legalidad de estos procedimientos.

Con la noticia, uno de los primeros en responder fue el exalcalde Daniel Quintero, quien aseguró que el actual mandatario no ha hablado con claridad a los paisas. “El Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez alias Fico tendrá que dar explicaciones ante la justicia por la contratación directa de $68.893.368.552, sin soporte. Engañaron a Medellín”, comentó.

Asimismo, el abogado Carlos Mario Patiño, conocido por adelantar una demanda ante el Consejo de Estado contra varios periodistas y solicitar su pérdida de investidura, señaló que un anuncio de igual magnitud fue el que destapó el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).