Presidente de la Cámara reveló plan estratégico “organizado de común acuerdo” para acelerar las reformas clave del Gobierno Petro

Jaime Raúl Salamanca Torres, presidente de la Cámara de Representantes, inició un nuevo capítulo legislativo al pronunciarse sobre la reorganización estratégica de las actividades parlamentarias. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el congresista destacó la importancia de un enfoque colaborativo y planificado para maximizar la eficiencia en la discusión de proyectos de ley y otras funciones críticas del Congreso.

Salamanca Torres señaló que, en coordinación con los voceros de las bancadas y los presidentes de las comisiones, se diseñó una agenda de trabajo que, de cumplirse al pie de la letra, permitirá no solo el análisis de un mayor número de proyectos de ley de autoría de los congresistas, sino la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN), la realización de control político y el inicio del debate sobre la reforma laboral, uno de los temas más esperados en la agenda legislativa del país.

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“Hemos organizado de común acuerdo con los voceros de las bancadas y las y los presidentes de las Comisiones una agenda de trabajo que permitirá si la cumplimos discutir más PL de autoría de congresistas, discutir PGN, hacer control político e iniciar la discusión de la Laboral”, se lee en el mensaje del representante.

La publicación del presidente de la Cámara no solo reflejó una organización administrativa, sino que plantea un cambio de paradigma en la forma en que se aborda el trabajo legislativo en la Cámara.

El hecho de que este plan haya sido “organizado de común acuerdo” con los diferentes actores políticos destaca la búsqueda de un consenso que, en teoría, debería traducirse en un Congreso más eficiente y efectivo.

El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Ricardo Bonilla González, presentó ante el Congreso el proyecto de ley del PGN para 2025, con un monto total de $523 billones, representando el 29,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque el presupuesto es un 0,5% del PIB inferior al de 2023, la verdadera novedad radica en la asignación de recursos por programas, un enfoque sin precedentes en Colombia.

Este cambio estructural, que integra gastos de funcionamiento e inversión, busca mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, alineando la ejecución presupuestal con las metas sociales y económicas del país. Cerca de la mitad del presupuesto se destinará a programas de bienestar social y formación de capital humano, lo que refuerza el compromiso del Gobierno con la inclusión y el fortalecimiento de la estructura productiva nacional, que desde hace un tiempo señalan en sus discursos.

La medida también responde a las limitaciones fiscales impuestas por la deuda pública, orientando los recursos hacia áreas de impacto crítico mientras se promueve la sostenibilidad macroeconómica. Este enfoque podría marcar un antes y un después en la gestión del gasto público en Colombia.

Las reformas sociales impulsadas por el Gobierno Nacional vuelven al primer plano de la agenda legislativa esta semana, con especial énfasis en la reforma laboral, un proyecto clave que busca transformar las condiciones laborales en el país. Tras un período de inactividad en el Congreso, el segundo debate de esta reforma se reanudará en la Cámara de Representantes, acompañado por la radicación de la reforma a la salud y la ley ordinaria de jurisdicción agraria.

En los últimos meses, el Gobierno, encabezado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, realizó un intenso trabajo de cabildeo con diversas bancadas. Estos encuentros han tenido como objetivo socializar los proyectos y construir consensos en torno a los artículos más controvertidos de la reforma laboral. Partidos como el Pacto Histórico, Alianza Verde, Conservador, Liberal y La U fueron parte de este diálogo, resultando cruciales para la viabilidad de la reforma.

Esta reforma tiene como objetivo restaurar derechos que fueron eliminados anteriormente y establecer nuevas protecciones para los trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones laborales y garantizar un trato equitativo para todos. Sin embargo, es importante mencionar que en el pasado no avanzó debido a diversas objeciones presentadas por los congresistas, que señalaron que contenía disposiciones que podrían perjudicar a los empleadores, entre otros aspectos.