Qué pasará con los pasaportes en Colombia: Canciller, ministro del Interior y la Imprenta Nacional deberán responder ante la Contraloría y la Procuraduría

Sobre las 4:30 de la tarde del martes 20 de agosto del 2024, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República citó a varios funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, como el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y delegados de la Imprenta Nacional, con el propósito de que presenten la estrategia del ejecutivo para evitar una crisis en la expedición de pasaportes.

Dicho encuentro fue agendado por la procuradora Margarita Cabello y el contralor Carlos Hernán Rodríguez, quienes manifestaron su preocupación frente a las declaraciones del canciller, quien admitió que la Imprenta Nacional aún no está lista para imprimir los documentos sino hasta 2025.

“Desde hace cinco meses se establecieron tres fases para desarrollar este nuevo modelo institucional. Durante la fase 1, que es la actual, se ha garantizado la prestación del servicio de expedición de pasaportes. Igualmente, se ha trabajado en la consolidación del modelo en sus componentes técnico, jurídico y financiero”, explicó el ministro en una rueda de prensa.

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El próximo 2 de octubre vence el contrato entre el Ministerio y la empresa Thomas Greg & Sons, una compañía que por 17 años se encargó de fabricar y expedir los pasaportes en el país, pero que con la suspensión de la licitación, aún se desconoce como será este proceso a partir de esa fecha.

Por estos hechos, en el Congreso también se contempló la realización de un debate de control político al canciller y a los funcionarios de Migración Colombia y la Imprenta Nacional, para que expliquen la estrategia del Gobierno frente al tema; sin embargo, el jefe de cartera exterior presentó una excusa al legislativo y pidió que se reprograme dicho debate, lo cual fue aceptado por los congresistas.

El dilema por la licitación de la empresa que operara la fabricación y expedición de las cédulas de extranjería y los pasaportes en el país inició en el mes de abril, cuando el ministerio de Relaciones Exteriores abrió el proceso de licitación por 600.000 millones de pesos para la operación del mismo. En el proceso solo se presentó la empresa Thomas Greg and Sons, por lo que el entonces canciller Álvaro Leyva tomó la decisión de suspender la licitación. Ante ello, Leyva fue removido del cargo mientras avanza una investigación formal en su contra por estos hechos.

Tras asumir en el cargo, Luis Gilberto Murillo ha manifestado los puntos que contemplaría el nuevo modelo institucional que prioriza la participación pública y garantiza la protección de los datos de los ciudadanos en la emisión de libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visa.

Según Murillo, dicho modelo se basaría en tres criterios como mayor porcentaje de participación pública, mayor seguridad de información y mayor pluralidad de proponentes.

“Uno de los criterios que estamos aplicando para el nuevo esquema que queremos proponer es que haya mayor participación de lo público y del Ministerio de Relaciones Exteriores”, explicó el ministro en medio de un debate realizado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

Dentro de este modelo, se contempla el establecimiento de un paquete de cooperación internacional con un aliado público extranjero, es decir, con un gobierno, acuerdo que iniciaría en el mes de octubre del 2024, que incluiría el acompañamiento, el fortalecimiento y la transferencia de tecnología e infraestructura a las entidades del Estado involucradas en el proceso, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia y la Imprenta Nacional.

Frente a ello, la Cancillería ha recibido manifestaciones de interés de varios gobiernos, incluyendo Alemania, Austria, Canadá, Portugal, Francia y Países Bajos.

Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra en la fase de recepción y estudio de estas propuestas, avanzando conforme al cronograma estipulado desde hace varios meses. “Se reitera que los riesgos identificados previamente han sido solventados y constituyen la garantía para la consolidación del proceso”, reiteró el ministro Luis Gilberto Murillo en un comunicado