Evo Morales, expresidente de Bolivia, manifestó su alineación con los mensajes que, a nivel internacional, está profiriendo Gustavo Petro en relación con cortar el suministro de carbón a Israel.
“Saludamos la valiente decisión del presidente Gustavo Petro por haber instruido que se detenga la exportación de carbón colombiano a Israel. Mientras algunos países europeos ofrecen sus puertos para facilitar el envío de armas a ese Estado genocida, Colombia hace todo lo que puede para parar los crímenes contra el pueblo palestino”, escribió.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
Durante la misma jornada, también a través de X, Petro hizo un llamado para que “los marineros del mundo” dejen de llevar carbón al país judío.
“Vamos a suspender las exportaciones de carbón a Israel hasta que se detenga el genocidio”, afirmó en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro, haciendo referencia al decreto que frena tal intercambio comercial.
El texto expedido desde el Ejecutivo es de cuatro artículos, los cuales engloban la prohibición de las exportaciones por parte de Colombia a Israel. El alcance de la medida no aplicará según el documento si “las mercancías que, antes de la entrada en vigor de este decreto, están amparadas con una Solicitud de Autorización de Embarque debidamente presentada y aceptada por la DIAN, o con un Formulario de Movimiento de Mercancías debidamente autorizado por el usuario operador”.
En el decreto sen precisa que “las Sociedades de Comercialización Internacional autorizadas que, antes de la entrada en vigencia de este decreto, hubieren expedido el Certificado al Proveedor” o si “los negocios jurídicos perfeccionados hasta la entrada en vigencia del presente Decreto, que generan una situación jurídica consolidada o una expectativa legítima”.
El texto expedido por el Gobierno señala que la medida comenzará a regir cinco días contados a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir que iniciará el jueves 22 de agosto de 2024.
La prohibición de exportación de carbón tendrá vigencia hasta que “se cumplan a cabalidad las ordenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el Proceso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza”.
Dicho documento está firmados por los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo; Comercio Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes; y la viceministra de Minas del Ministerio de Minas y Energía, encargada de las funciones del despacho, Kelly Johana Rocha.
Gremios y exfuncionarios critican decisión de Petro
Tras conocerse el decreto, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (AMC), Juan Camilo Nariño, expresó que el decreto es inconstitucional y amenaza la libre empresa y la competencia.
“Esta medida provocará una pérdida de $650.000 millones en impuestos, regalías y otros ingresos, de los cuales $100.000 millones corresponden a La Guajira y al Cesar, afectando el desarrollo y empleo de cientos de familias que derivan sus ingresos de esta actividad”, precisó el dirigente gremial.
Anotó que no se pueden justificar decisiones basadas en “moral pública” que sacrifican el bienestar económico y la confianza en Colombia como destino de inversión, especialmente, en un momento en que la economía del país enfrenta un contexto tan complejo.
Lo dicho por Nariño lo respaldó el exsuperintendente de Industria y Comercio y exviceministro de Justicia Pablo Felipe Robledo. Por medio de X, apuntó que el Consejo de Estado puede entrar a ser un jugador fundamental ante esta medida.
“El decreto expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, que prohíbe exportaciones de carbón a Israel, es demandable en nulidad ante el Consejo de Estado por violar las normas constitucionales y legales de protección de la libre competencia económica”, señaló Pablo Felipe Robledo.
A su vez, el exministro de Hacienda y exministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo, actual rector de la Universidad EIA, en la misma línea de Robledo y Nariño, apuntó que el decreto es demandable por violar la Constitución Política, las leyes de Colombia y el propio Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel.
“Esa decisión se va a caer más temprano que tarde”, escribió. Asimismo, calificó lo hecho por el Gobierno como algo equivocado y se mostró aburrido por la decisión ideológica a las que se está sometiendo la economía colombiana.