Reforma judicial: conocen el borrador del proyecto que cuenta con 13 artículos y ya tiene puntos controversiales

En un contexto de creciente debate sobre la efectividad del sistema judicial colombiano, Caracol Radio tuvo acceso exclusivo al borrador del proyecto de reforma judicial que están impulsando la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. Esta propuesta, que abarca cinco ejes principales, incluye modificaciones sustanciales que podrían transformar de manera significativa el proceso penal en el país.

Según la información obtenida por el medio citado, el borrador del proyecto, compuesto por 13 artículos, ya fue remitido al despacho de la ministra Ángela María Buitrago para su socialización con la comisión de expertos de la reforma a la justicia.

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Una de las propuestas más destacadas es la modificación del artículo 77 del Código de Procedimiento Penal, con la inclusión del concepto de “reparación integral” como una causal para la extinción del proceso penal. Este cambio busca que la finalización de los procesos penales no solo esté condicionada a la prescripción o absolución, sino también a la efectiva reparación de las víctimas.

De acuerdo con el documento en borrador, se propone que esta reparación integral, que incluiría la restitución de los bienes jurídicos lesionados, sea un factor objetivo para la terminación del proceso, priorizando los derechos de las víctimas sobre la mera imposición de sanciones punitivas.

Este enfoque refleja un cambio hacia un modelo de justicia más restaurativa, donde el énfasis no solo está en el castigo, sino en el restablecimiento de las condiciones previas al delito, buscando un balance entre la reparación y la eficiencia procesal.

Otro pilar de la reforma se centra en los principios de oportunidad, con una propuesta para reducir las causales que actualmente permiten su aplicación, de 18 a 7. De acuerdo con el medio citado, se plantea la posibilidad de aplicar estos principios desde la etapa de indagación preliminar, lo que podría acelerar considerablemente la resolución de muchos casos que actualmente se estancan en las primeras fases del proceso penal.

Este cambio, sin embargo, no está exento de controversia. Si bien el documento justifica la reducción de causales como una medida para asegurar una mayor eficacia y descongestión del sistema judicial, también abre la puerta a preocupaciones sobre el potencial incremento en la discrecionalidad de los fiscales y la posibilidad de que se limiten las opciones de defensa en fases tempranas del proceso.

Uno de los puntos que llamó la atención, fue la reforma propuesta de extender los beneficios de la justicia negociada a delitos que hasta ahora habían sido excluidos, como el tráfico de estupefacientes y el terrorismo. Bajo las nuevas condiciones, los procesados por estos delitos podrían acceder a beneficios judiciales, siempre y cuando se compruebe que su participación fue mínima y se comprometan a devolver los bienes obtenidos ilegalmente.

No obstante, la reforma establece una distinción clara: estos beneficios no serían aplicables a los cabecillas o líderes de organizaciones delictivas, un matiz que busca evitar que los principales responsables de estos crímenes eludan sanciones severas. Sin embargo, la ampliación de estos beneficios sigue siendo un punto de tensión, ya que podría percibirse como una flexibilización excesiva en la lucha contra el crimen organizado.

Quizás la propuesta más controvertida es la de extender la justicia negociada a delitos cometidos contra menores de edad, lo cual modificaría el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, de acuerdo con el texto que obtuvo la cadena radial.

Actualmente, la ley prohíbe cualquier tipo de preacuerdo o negociación en estos casos, una restricción que sería levantada si se aprueba esta reforma. Según el proyecto, los procesados podrían acceder a reducciones de penas si aceptan su culpabilidad, un cambio que, aunque busca agilizar la administración de justicia, podría ser visto como una concesión inaceptable en casos que implican la vulneración de los derechos de los menores.

Este aspecto de la reforma generó preocupación entre defensores de los derechos de los niños, que temen que pueda enviar un mensaje contradictorio sobre la gravedad de los delitos cometidos contra menores.

De igual manera, la reforma propone permitir que los procesados puedan solicitar la preclusión del proceso en casos donde haya certeza de la imposibilidad de continuar la acción penal o cuando se compruebe la inexistencia del hecho investigado.

Esta modificación, que introduce una mayor participación del procesado en la solicitud de preclusión, busca asegurar una mayor equidad en el acceso a la justicia, aunque también podría complicar los procesos al añadir una nueva capa de revisiones.